Defensa Pública y Ministerio Público realizan primera visita de monitoreo

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Creado: Viernes, 26 Marzo 2021 22:35

Publicado: Viernes, 26 Marzo 2021 22:35

• El SIRCAIVI pretende garantizar acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.

 La Defensa Pública en el marco del proyecto denominado: Sistema para el Registro de Atención para los Casos de Violencia Institucional (SIRCAIVI), realizó de manera conjunta, la primera visita de monitoreo a personas privadas de libertad en el Centro Nacional de Atención Específica, el pasado 9 de marzo de 2021.

La primera visita de monitoreo forma parte del tercer eje de trabajo conjunto entre la Defensa Pública de Ejecución de la Pena, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Fiscalía de Ejecución de la Pena y la Oficina de Proyección de Víctimas y Testigos, para la tutela y protección de los derechos humanos de la población privada de la libertad.

El objetivo de la visita de monitoreo consistió en verificar las condiciones de permanencia, para determinar el cumplimiento de las reglas de habitabilidad, acceso a la atención técnica, agua potable, alimentación, derecho a la salud, verificar si existía hechos de malos tratos, violencia institucional o abuso policial.

 “Se determinó que hay un incumplimiento en cuanto a los procesos de capacitación en el eje de derechos humanos por medio de las personas funcionarias de la policía penitenciaria, denuncias sistemáticas de malos tratos por parte de policía penitenciaria, se determinaron condiciones de habitabilidad que no cumplen con los criterios de Cruz Roja Internacional, por ejemplo: distancia entre camas, ventilación, deficiencias materiales, una infraestructura agotada, contaminación por aguas negras”, indicó Laura Arias Guillén, coordinadora de la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública.

De manera conjunta, la Defensa Pública y el Ministerio Público garantizan la protección de los derechos humanos al visibilizar la presencia de personas funcionarias judiciales, actuando cada uno desde sus competencias.

El proyecto pretende garantizar, conforme lo disponen las 100 reglas de Brasilia, el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.