
defensapublica_web@poder-judicial.go.cr
2211-9835
Edificio Central: Avenida Segunda, 225m este de la C.C.S.S

defensapublica_web@poder-judicial.go.cr
2211-9835
Edificio Central: Avenida Segunda, 225m este de la C.C.S.S
DP-CP-004-2025
Comunicado de prensa
Defensa Pública realiza taller entre mujeres indígenas
San José, 23 de agosto del 2025.
Mujeres indígenas Ngäbe y Bribri se movilizaron hasta territorio indígena Conte Burica donde sostuvieron un encuentro en el salón comunal de la Asociación de Desarrollo Indígena de Alto Conte en la provincia de Puntarenas.
Cerca de 50 mujeres formaron parte de los Talleres sobre Acceso a Mecanismos y Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, así como del Taller sobre el fortalecimiento de liderazgos de mujeres indígenas desde los estándares internacionales de género y mujeres.
Laura Espinoza Bejarano es presidenta de la ADI, se mostró complacida en poder recibir a mujeres Ngäbe de 5 territorios y mujeres lideresas indígenas de Talamanca bribri en la provincia de Limón.
“Para nosotras en un honor, realmente no tengo palabras para agradecer que Conte Burica allá sido sede de esta historia actividad” expreso Espinoza.

La Defensa Pública y la Fundación Konrad Adenauer, Programa de Derecho para Latinoamérica efectuaron el taller con el objetivo de empoderar la comunicación entre las mujeres indígenas y ampliar el conocimiento sobre los estándares internacionales e interamericanos para mejorar la defensa de sus territorios, tierras y bienes naturales comunes.
El taller con mujeres indígenas se desarrolló los días martes 19 y miércoles 20 de agosto del 2025 en Alto Conte.
Justa Romero y Faustina Torres son mujeres indígenas lideresas bribri, viajaron desde Talamanca en la provincia de Limón, hasta el cantón de Golfito.
“Así nos damos a conocer la situación que vivimos cada pueblo y cada mujer, como indígena, para mí estos espacios significan mucho, significa esa energía como mujeres” Indicó Faustina.
Mientras que doña Justa Romero, visitó la zona sur con la ilusión de poder conversar con las mujeres ngöbes, a quienes recordaba como muy reservadas.
“Mi clan dice que nosotras somos piezas duras, piezas de defender, piezas de no agacharle la cara a nadie, decir lo que tenemos que decir, siempre y cuando con la verdad”
El Taller de Mujeres Indígenas fue organizado por la Defensa Pública del Poder Judicial y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
El señor Juan Carlos Pérez Murillo director de la Defensa Pública estuvo presente en el taller “Escuchar a las mujeres bribri, escuchar a las mujeres ngöbes hablando de territorio de pertenencia de su cultura, es muy significativo y es muy rico. Porque no solo vivencia nuevamente como estas personas están arraigadas a su tierra, a sus costumbres, a su cosmovisión”
Durante el taller las mujeres indígenas trabajaron en grupos, realizaron opiniones abiertas y finalmente realizaron exposiciones con los diferentes temas que se analizaron en el taller.
El encuentro finalizó con la creación del Semillero de Mujeres indígenas lideresas ngäbes, para el acompañamiento con perspectiva cultural en necesidades de servicio, asesoría y representación de mujeres indígenas y defensa de sus derechos.
San José, 23 de mayo del 2025.
La Estación Virtual de la Defensa Pública que se instaló en el año 2024 en Isla Venado, se convirtió en una herramienta importante que permite a los vecinos acceso a la justicia sin necesidad de desplazarse a las distintas sedes judiciales del país. Desde que entró en funcionamiento, las personas usuarias han realizado gestiones en materias de pensiones, agrario, laboral y otros servicios que brinda la Defensa Pública del Poder Judicial.
María Reyes Gómez es vecina de La Florida en Isla Venado. Ella utilizó la Estación Virtual para un proceso de pensión y señala: “Yo diría que sí, lo apoyen, que la utilicen. Si es bueno que llegue a otras comunidades lejanas, porque es una forma rápida, eficaz, de que se resuelvan las situaciones que se le presentan a uno”.
En el caso de Isla Venado, ubicada en el Golfo de Nicoya, la labor que desempeña la Asociación de Jóvenes y la Asociación de Mujeres, permite el funcionamiento de la estación en coordinación con la Defensa Pública.
La Estación Virtual se instala en comunidades lejanas o de difícil acceso, donde la Defensa Pública del Poder Judicial realiza las coordinaciones con las Asociaciones de Desarrollo o grupos organizados, determinando un espacio físico para brindar la atención del usuario, mediante el uso equipo de cómputo con internet.
Mariana Barrios forma parte de la Asociación de Jóvenes de Isla Venado, quien indicó “Las que más la estamos utilizando somos nosotras las mujeres, para consultar pensiones y para asesoría. Para nosotros ha sido una gran ventaja”.
En la reciente visita a Isla Venado, defensores públicos de Puntarenas y Guanacaste, dieron charlas a un grupo de mujeres sobre el proceso alimentario en la nueva reforma procesal de familia y sobre la Ley de Violencia Domestica.
Actualmente se han implementado Estaciones Virtuales en las comunidades de Tortuguero, Nosara, Cabeceras de Tilarán, Isla Chira, Colorado de Abangares, Pejibaye de Pérez Zeledón, La Virgen y Pavón en Los Chiles, Santa Fe en Guatuso, Territorio Maleku, Rio Cuarto e Isla Venado.
La proyección de la Defensa Pública del Poder Judicial es poder llegar a más comunidades del país con las Estaciones Virtuales, para ello se visitan diferentes comunidades invitándoles a participar de la iniciativa.
“Parte del éxito de este proyecto, Estaciones Virtuales de la Defensa Pública en comunidad, es la sinergia que se puede hacer con las asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres y personas organizadas de las diferentes comunidades, destacó Randall Peraza Defensor Público Supervisor.
Las Estaciones Virtuales se desarrollan en el marco del Modelo de Defensa Pública Abierta, implementado en la institución, en aplicación de los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración.
Con la finalidad de fortalecer la coordinación y cooperación de las Defensorías Públicas de la región latinoamericana, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Defensa Pública de Costa Rica y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica organizaron un encuentro donde participaron de manera presencial y virtual personas defensoras públicas de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Costa Rica, país anfitrión del congreso.
Se contó con la intervención de la Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez y el Coordinador General de la AIDEF y director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, quienes expresaron unas palabras al inicio del acto protocolario de la actividad.
“Honro el trabajo de las personas defensoras públicas que día a día hacen un mejor Poder Judicial, ya que con su incansable labor representan uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho de Costa Rica, pues en una democracia plena, el acceso a la justicia no es un privilegio, sino un derecho que garantiza la equidad, inclusión y la dignidad humana, brindando protección y defensa a quienes más lo necesitan, y aseguran que la balanza de la justicia no se incline únicamente hacia los sectores más favorecidos, sino que se equilibre para todos y todas, especialmente para aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, o son vulnerabilizados”, manifestó Damaris Vargas, Vicepresidenta de la Corte.
Por su parte, Juan Carlos Pérez manifestó su orgullo de que Costa Rica fuera por segundo año consecutivo la sede de este importante encuentro e instó a seguir luchando por los derechos de los grupos más vulnerables: “Como Defensorías Públicas debemos luchar en cada uno de nuestros países para garantizar los derechos humanos de la población que se encuentra en condición y situación de vulnerabilidad, sobre todo en una época en la cual nos enfrentamos al fenómeno de la cada vez más frecuente aprobación de leyes con endurecimiento de penas a niveles desproporcionales, con el consecuente efecto no solo a nivel del sistema de penitenciario, sino también a nivel nacional”.
Se contó con la exposición de Guillermo Alberto Padilla Rubiano, asesor étnico del Ministerio de Cultura de Colombia y Miguel Barboza López, representante para Sudamérica del Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) de Londres y coordinador de proyectos y del grupo Prújula e investigador senior del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica con sede en Bogotá, Colombia.
Los temas tratados fueron pluralismo jurídico, diversidad jurídica, garantía del debido proceso para los pueblos indígenas, acceso a la justicia para los pueblos indígenas y en condición de vulnerabilidad, principios de los derechos humanos, participación de los pueblos en los proyectos de un país, decisiones judiciales en materia de reparación, respeto de las empresas por los derechos humanos y los principios rectores, responsabilidad jurídica de las empresas, entre otros.
Durante la actividad, se organizó una mesa redonda denominada: “Personas en contexto de movilidad humana” donde participaron panelistas como: Hernán de Llanos, defensor público oficial de Argentina, Joao Chaves, defensor público federal, coordinador del área de Migraciones y Refugio de la Defensoría Pública de la Unión de São Paulo, Brasil y Andrés Eduardo Celis Neira, representante de ACNUR, quienes expusieron sobre el tema.
Adicionalmente, se desarrolló la presentación del “Informe temático de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre mujeres privadas de libertad en las Américas”, a cargo de Romina Otero, especialista de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, documento que refleja claramente la situación carcelaria que viven las mujeres.
Cabe mencionar que, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), es una asociación de defensorías públicas entre cuyos objetivos principales, se encuentra defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe.
Esta actividad, se realizó en las instalaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y fue transmitida por el Facebook live de la Defensa Pública de Costa Rica y por medio de la plataforma de Microsoft Teams.
Mejorar los sistemas de defensa de derechos humanos y la cooperación interinstitucional en la Región Latinoamérica, fueron temas que reunieron, este 23 de octubre de 2024, en Costa Rica, a representantes de 15 países integrantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
Bajo el liderazgo de la Defensa Pública de Costa Rica, como coordinadora de este órgano internacional, se desarrolló la reunión anual, que contó con participación de las delegaciones de forma presencial y virtual.
Para el Director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la AIDEF, “esta reunión permite someter a discusión problemáticas comunes de las defensorías de la región y ejecutar acciones comunes que permitan trabajar en el fortalecimiento del servicio que se brinda mediante la coordinación y cooperación internacional para defender la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas usuarias”
D
urante la reunión también se discutieron los procesos de capacitación que son vitales para fortalecer el desempeño en sus labores y el intercambio de experiencias en el manejo de procesos en materia de defensa de derechos humanos.
Además, se presentó el documento: “Recomendaciones y prácticas para la defensa con enfoque de género de mujeres criminalizadas por delitos menores de drogas”, construido en el marco de las actividades realizadas por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD III) y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)
La actividad tuvo lugar en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
La AIDEF es una asociación que reúne a representantes de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, con el objetivo común de defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y se constituye en un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucionales entre los organismos que la integran.
Un tema focal es la promoción de la independencia y autonomía funcional del instituto de la Defensa Pública dentro de los países latinoamericanos miembros, para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.
Construir acciones afirmativas para un efectivo acceso a la justicia de la población afrodescendiente del país, es el trabajo que emprenderá la Defensa Pública en el proyecto AFROJUSTICIA.
La Defensa Pública liderará el proyecto, que contará con la cooperación financiera de la AECID (Agencia Española de Cooperación) y la gestión administrativa de la Fundación UCR.
El objetivo de AFROJUSTICIA es impulsar acciones afirmativas en la Administración de Justicia, con enfoque de diversidad cultural, étnico-racial y de género, para asegurar el acceso a la justicia para las personas afrodescendientes en Costa Rica, tomando en consideración sus necesidades particulares, así como las desigualdades y brechas existentes en los ámbitos social, cultural, político, económico y ambiental.
“Para la Defensa Pública, la firma del convenio AFROJUSTICIA con la Fundación UCR y el apoyo de la cooperación española es el inicio del reconocimiento de las características diferenciadas, de una población altamente importante para la institución, como lo son las personas afrodescendientes”, afirmó la subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez Pizarro.
La Embajadora del Reino de España, Eva Felicia Martínez Sánchez señaló que “nos sentimos satisfechos de haber firmado el proyecto de acceso a la justicia de la comunidad afrodescendiente en Costa Rica. Ese derecho a la justicia está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hay comunidades en diferentes países que por diferentes circunstancias no hay podido ejercerlo como se debiera. La Cooperación Española quiere contribuir a que esto sea posible y tenemos un socio que es la Defensa Pública del Poder Judicial, con la que esperamos ejecutar este programa muy pronto y que sea una semilla de transformación en Costa Rica.”
AFROJUSTICIA contemplará un proceso investigativo multidisciplinario, la realización de un diagnóstico de necesidades para el fortalecimiento de capacidades humanas en los temas de interés para la población afrodescendiente y que se dirigirá a sus comunidades, a la población judicial y las personas facilitadoras judiciales. Así como, visibilizar ante la ciudadanía las acciones afirmativas, de información y buenas prácticas, que se estén desarrollando, para asegurar el acceso a la justicia de esta población en nuestro país, que permita contribuir a generar un cambio cultural.
“Agradecemos a la Defensa Pública y la Cooperación Española la confianza de entregarnos la gestión administrativa y financiera del proyecto, que tendrá un impacto muy grande a nivel nacional”, puntualizó el coordinador de la Fundación UCR, José Alberto Moya Segura.