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Publicado: 21 Marzo 2022

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A cinco años de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, la Defensa Pública presentó la primera edición de la revista jurídica llamada “Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.

Se trata de un espacio jurídico escrito en el que personas defensoras de la Unidad Laboral de la Defensa Pública analizan temas de gran actualidad,  que son referentes para argumentar con respecto a la interpretación y aplicación del derecho laboral, en beneficio de las personas trabajadoras. 

En la actividad participó el presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, el Magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez. También el director y la subdirectora de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo y Yendry Portuguez Pizarro, así mismo, el Presidente de la Junta Directiva de FUNPADEM, Carlos Rivera Bianchini y como invitado especial Esteban Calvo Rodríguez, especialista en derecho laboral.                                                                                                                                 

 “Las compañeras y compañeros autores de los artículos de la presente revista, son parte de las 75 personas que integran el equipo de la Defensa Pública laboral. Ellas son muestra de la calidad académica y profesional de dicha unidad, quienes día con día buscan el fortalecimiento de sus conocimientos técnico-jurídicos en procura de una defensa efectiva y profesionalizada de las personas usuarias, a fin de garantizar la excelencia en el servicio público”, señaló el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

En la revista se destacan los temas: “Breve reseña histórica de la Unidad Laboral”, “El reto de los Falsos Autónomos”, “Aspectos, Avances y Retrocesos a cuatro años de entrada en vigencia de la Ley 9343 Reforma Procesal Laboral”, “El Tránsito de una Justicia Laboral Formal a una Material”, “La Conciliación Previa o Anticipada como Medio Alterno para Solucionar el Conflicto Laboral”, “Una Mirada al Trabajo del Mar”, “El Paradigma de las Cláusulas de Ultraactividad en las Convenciones Colectivas Costarricenses.”

Dichos artículos fueron escritos por las personas defensoras públicas: Ana Briceño Yock, Jorge Arturo Ulloa Cordero, Natalia Martínez Masís, Alejandro Abarca Alfaro, Fernando Víctor Vargas y Adelina Rodríguez Vásquez, además por el profesor de la Universidad de Valencia Dr. Adrián Todolí Signes.

Durante la presentación de la revista también se destacó la necesidad de contar con mayores recursos profesionales de personas defensoras públicas de asistencia social ante el aumento del servicio en esta materia. Las estadísticas muestran que para el año 2021 ingresaron 18.992 procesos, a la fecha cada persona defensora pública en material laboral tramita un total de 476. 8 expedientes.

La Defensa Pública agradeció el esfuerzo de la primera edición de esta revista jurídica que se logró con la cooperación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en el marco del proyecto “Implementando una cultura de cumplimiento laboral en el sector agroexportador de Costa Rica”, ejecutado por la Fundación para la Paz y la Democracia y Compañeros de las Américas, así mismo, del  personal de la Unidad Laboral de la Defensa Pública.

La institución se ha comprometido a continuar sus esfuerzos para ser garantes del acceso a la justicia y sobre todo brindar un servicio público con rostro humano, genuino y solidario para las personas más vulnerables.

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Publicado: 07 Febrero 2022

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• El lanzamiento del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) inicia con jornadas de capacitación para personas funcionarias públicas.

La Defensa Pública, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz y otras instituciones del Estado y de la sociedad civil inauguran con jornadas de capacitación, el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAVI).

Con las capacitaciones se da inicio a la puesta en marcha de este sistema después de cuatro años de preparación, a partir de la iniciativa de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y el acompañamiento del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El proyecto busca saldar una deuda histórica con las personas privadas de libertad en cuanto a malos tratos y torturas en los centros penitenciarios. Costa Rica, junto a Argentina y Chile, están siendo pioneros en su implementación.

Durante los últimos diez años, el sistema penitenciario costarricense ha vivido un aumento sostenido de población privada de la libertad.  En sus visitas a los espacios de privación de la libertad, la Defensa Pública de Costa Rica, ha señalado que la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, en sí mismos, son una forma de tratos o penas crueles e inhumanos.  Además, el encierro en estas condiciones provoca, entre otros: autogobierno de la cárcel, dificultad de satisfacción de necesidades básicas, limitación de acceso a servicios de salud, condiciones de salubridad complejas e imposibilidad de las autoridades penitenciarias para el desarrollo de programas y proyectos de inserción.

En el acto de inauguración, Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, estimó que el sistema “cumple un rol fundamental para lograr trabajar en la puesta en práctica de la tutela de derechos tan inherentes, como lo es el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud y acceso a condiciones básicas que permitan a la persona cumplir adecuadamente con su condena. Ya que para nadie es un secreto que, en la actualidad, existe una realidad latente, una realidad que demuestra que el hacinamiento carcelario, la sobrepoblación en los centros penitenciarios y la dificultad en la satisfacción de necesidades básicas, son situaciones que aquejan a la mayoría de centros penitenciarios a nivel nacional”.

En este contexto, tal y como señaló el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, “el SIRCAIVI es una herramienta fundamental en la identificación, denuncia y seguimiento de casos de violencia en el contexto penitenciario costarricense. Además,  permite el  acompañamiento a las víctimas y los familiares que lo requieran en el proceso de denuncia, tanto social como jurídicamente,  analiza y documenta la incidencia de eventos de violencia en el contexto penitenciario, difunde información y sensibiliza sobre el fenómeno de la violencia carcelaria,  promueve espacios de diálogo  y  encuentro interinstitucional  dentro de nuestro ámbito de actividad y permite el desarrollo e implementación de capacitaciones, investigación e intercambio de experiencias”. 

Sobre el tema, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas indicó que “vemos de manera muy positiva el lanzamiento del SIRCAIVI, es una herramienta que aglutina el trabajo porque hay muchos actores involucrados en el sistema penitenciario, no solo de manera interna, sino de manera externa, lo cual garantiza contar con visiones frescas de ojos independientes, de ojos que no están en el día al día del sistema y  gracias a ello podríamos derivar mucha mejora continua en favor de la población privada de libertad. Hay un objetivo común que comparten todos los actores involucrados y es justamente la garantía de los derechos humanos de las personas que están en las cárceles en Costa Rica”.

La secretaria general de la FIIAPP, Inmaculada Zamora consideró la pertinencia de la acción en el momento actual “por el impacto que la pandemia está teniendo en el acceso a derechos de los colectivos más vulnerables y en particular en las personas privadas de libertad”.

Los expertos de EUROsociAL+ que participan en el diseño e implantación del SIRCAIVI, Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuellar, pusieron en valor la actuación intersectorial del sistema con la creación de Mesas de Diálogo Interinstitucional (MEDAI) que tienen como objetivo permitir el máximo  aprovechamiento de los recursos que hagan efectivo el principio de atención integral para las personas privadas de libertad, tales como la prestación de asistencia jurídica, médica y psicosocial entre los actores institucionales y de la sociedad  civil.

En el desarrollo de las tres jornadas de capacitación participarán expertos nacionales e internacionales, entre ellos la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López.

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Publicado: 07 Febrero 2022

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La Defensa Pública en conjunto con EUROsociAL creo un sistema para dar una respuesta adecuada a los hechos de tortura y otras formas de violencia institucional en las cárceles de nuestro país.

Se trata del Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) que plasma una estructura para que las personas víctimas puedan denunciar dichos casos y que además el Poder Judicial proceda a investigar y sancionar a las personas funcionarias públicas responsables de dichos actos.

 Para el 31 de enero, 01 y 02 de febrero se dio el lanzamiento y las primeras capacitaciones sobre la aplicación de los lineamientos establecidos dirigidas al personal de la Defensa Pública, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Organismo de Investigación Judicial, entre otros. 

De acuerdo con la investigación realizada por EUROsociAL para el levantamiento de este proyecto, el sistema penitenciario costarricense ha vivido un aumento sostenido de población privada de la libertad. 

Por ello, en sus visitas a los espacios de privación de la libertad, la Defensa Pública de Costa Rica, ha señalado que la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, en sí mismos, son una forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, el encierro en estas condiciones provoca, entre otros: autogobierno de la cárcel, dificultad de satisfacción de necesidades básicas, limitación de acceso a servicios de salud, imposibilidad de las autoridades penitenciarias para el desarrollo de programas y proyectos de inserción, condiciones de salubridad complejas, aspectos que evidencian la necesidad de este sistema de registro. 

En este contexto, SIRCAIVI viene a incentivar una labor de monitoreo, formas de abordaje, levantamiento estadístico de casos, seguimiento e investigación de los hechos vinculados a violencia institucional y tortura. De esta forma se pretende dar respuesta oportuna y efectiva a las denuncias de las personas víctimas y sus familiares, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad.

Además, la   Defensa Pública  destaca  los proyectos más importantes que han permitido mejorar el servicio público:

Defensa Pública Abierta

Durante el año 2021 la Defensa Pública logró la aprobación del Modelo de Defensa Pública Abierta, la cual generará un cambio de paradigma en el modelo de gestión, avanzando en temas de transparencia institucional, mediante el acercamiento con las personas usuarias y la sociedad civil en general.

El modelo de Defensa Pública Abierta, es un proyecto que se trabaja en conjunto con el programa EUROsociAL Plus de la Unión Europea y de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ). Se prevé ser una institución referente a nivel internacional en aplicar este modelo.

La iniciativa incorporará en el servicio público una serie de acciones y compromisos para que las personas usuarias reciban respuestas razonables en los plazos esperados, a través de la simplificación de procesos y en aquellos casos que así lo ameriten el desplazamiento del servicio hasta las comunidades que lo requieran.

Los compromisos asumidos se vinculan a datos abiertos y rendición de cuentas, lenguaje claro y comunicación inclusiva, mecanismos de participación abierta en la Defensa Pública, prestación del servicio con valor público.

Además, prevé la construcción de enlaces interinstitucionales para brindar oportunidades de trabajo comunal, educación, entre otros.

En la construcción del modelo, se realizaron talleres participativos donde participaron organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado vinculadas con la Defensa Pública y otros despachos del Poder Judicial.

Protocolo de cobro de honorarios y costas en la Defensa Pública
La Defensa Pública brinda servicios en diversas materias para garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables de este país, sin embargo, cuando se comprueba que la persona usuaria tiene recursos económicos se gestiona el cobro de honorarios o bien el cobro de costas en la contraparte procesal, cuando se logre una resolución favorable.

El protocolo permite establecer los lineamientos para que las personas defensoras públicas puedan proceder a cobrar honorarios o costas en los casos que procedan. Fue aprobado por acuerdo del Consejo Superior en la sesión 63-2021 celebrada el 27 de julio del 2021.

Los recursos que ingresan por dichos rubros son destinados de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial para adquirir bienes y servicios tendientes a mejorar el servicio de la Defensa Pública.

Por ejemplo, en materia laboral se indica que los recursos son destinados al fortalecimiento de la sección especializada del departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, para la universalización de su cobertura en todo el territorio nacional y para el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos de la materia.

Tras la aprobación de este protocolo, se iniciaron las capacitaciones para reforzar el conocimiento en estos temas en el personal de la Defensa Pública.

Protocolo para la atención y el abordaje de las personas adultas mayores usuarias de los servicios del Poder Judicial.

El protocolo tiene por objeto regular y normar la actuación de las diversas instancias judiciales, frente a la demanda de asistencia jurídica proveniente de la población adulta mayor, a fin de otorgar una prestación eficiente y de calidad, capaz de responder a las especiales necesidades y características de este grupo poblacional, vulnerable, potenciando su acceso igualitario a la justicia y el ejercicio positivo de sus derechos.

La Defensa Pública participó durante el 2021 en la creación de este protocolo dentro de su participación en la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población de Personas Adultas Mayores del Poder Judicial.

El protocolo promueve la atención prioritaria de los casos donde la persona usuaria sea persona adulta mayor con el fin de que las respuestas se den lo más rápido posible, velando por el respeto de los derechos, características y necesidades especiales de estas personas.

Lineamientos para garantizar el Acceso a la Justicia a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Refugio, Refugiados y Apátridas, con especial atención en los no acompañados o separados.

La iniciativa pretende guiar al personal judicial para la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes migrantes, solicitantes de refugio, refugiados y apátridas, con especial atención en los no acompañados o separados.

La Defensa Pública trabajo en los talleres que permitieron la construcción de los lineamientos dentro de las acciones que emprendió la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial.

Para la institución este tipo de lineamientos son fundamentales para que se adecue la atención, las medidas procesales, administrativas y se desarrollen acciones de sensibilización que proteja el derecho humano de acceso a la justicia de esta población.

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Publicado: 07 Febrero 2022

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• Actividad se realizó este jueves 27 de enero en el auditorio del Museo de Jade con la participación de representantes del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y organizaciones no gubernamentales.

En cumplimiento del Modelo de Defensa Pública Abierta y del principio de transparencia, la Defensa Publica expuso los datos más relevantes del 2021 como parte de su informe anual.

En la apertura de esta actividad, el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, destacó que con esta rendición de cuentas se demuestra la misión de la Defensa Pública que es proveer defensa técnica con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias.

“Actividades como esta, en tiempos como el actual, donde se ha limitado la presencialidad en las diversas instituciones públicas, con el fin de evitar contagios por la pandemia COVID-19, es de vital importancia para la institución, la transmisión de la información, mantener un diálogo permanente con las personas usuarias y prestar los servicios en línea de la manera más eficiente posible”, señaló el director de la Defensa Pública.

Por su parte la subdirectora de la Defensa Pública, Yendri Portuguez Pizarro dio un saludo de bienvenida a las personas presentes de manera virtual y presencial y reitero su compromiso con el fortalecimiento del servicio que presta la Defensa Pública a las poblaciones más vulnerabilizadas.

Dentro de los resultados destacados como parte de informe anual, gracias al esfuerzo conjunto del personal se logró el cumplimiento del 100% del Plan Anual Operativo, ubicándose en el primer lugar a nivel institucional.  Adicionalmente, a nivel de ejecución presupuestaria se concluyó con 98.18%, siendo esta una cifra histórica.

En el 2021, la Defensa Pública apostó a la modernización institucional mediante la atención virtual como parte de los esfuerzos de garantizar el servicio en medio de las restricciones de la pandemia, logrando ubicar estaciones virtuales en oficinas donde no existía el servicio especializado en algunas materias, como las zonas de Jicaral, Cóbano, Corredores, Tarrazú, Puerto Jiménez, Osa, San Vito de Coto Brus, la Fortuna, Guácimo, Upala, Los Chiles y Tortuguero. De esta forma la institución llega a brindar el servicio hasta las comunidades más alejadas o de difícil acceso.

También durante el año pasado iniciaron las coordinaciones respectivas para lograr atención virtual en comunidades donde no se cuenta con oficinas judiciales, dentro de estas: Tortuguero y Grano de Oro.

Para el 2022 esta iniciativa continúa en las zonas de   Monteverde, Isla Chira, Bahía Drake, Salitre, Cabagra, Reserva indígena Maleku, Nosara y Valle de la Estrella.

También se destacó que en cuanto al Plan Estratégico Institucional, se encuentran en ejecución cuatro proyectos estratégicos con avances significativos para el 2021: el proyecto de creación de una red de apoyo intersectorial para usuarios de la Defensa Pública, el proyecto de proyección y comunicación que ha generado resultados favorables a la institución, el de inventario de expedientes y el de Implantación del Sistema de Seguimiento de Casos, que permiten a la institución contar con datos actualizados para la toma de decisiones informadas.

Por otra parte, durante este año 2021 la Dirección de la Defensa Pública y el Subproceso de Reclutamiento y Selección realizaron un importante esfuerzo para propiciar los concursos para el nombramiento en propiedad del 38% de las plazas que se encontraban en condición de vacantes, con la finalidad de brindar estabilidad y seguridad jurídica al personal de la institución con años en condición de interinazgo. 

Además, en medio de la coyuntura del Covid-19 y la difícil situación de hacinamiento en celdas del OIJ, la Defensa Pública en su labor de vigilancia del respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ha mantenido una constante comunicación con el Ministerio de Justicia, brindando propuestas ante la situación vivida en este 2021, sin dejar de lado los más de 380 recursos de hábeas corpus interpuestos en favor de esta población, producto de las visitas de monitoreo realizadas a todas las celdas del Organismo de Investigación Judicial a nivel nacional.

La Defensa Pública logró la vigilancia jurisdiccional por hacinamiento carcelario en todos los centros del Sistema Penitenciario Nacional, manteniendo activas y en seguimiento 25 medidas correctivas de cierre, de los 19 centros penales que integran el nivel cerrado del Sistema Penitenciario Nacional. Además, en actividades coordinadas con la Subcomisión de la Defensa Pública de Población Privada de Libertad, se formularon un total de 175 recursos de amparo y hábeas corpus en tutela de los derechos fundamentales de la población meta.

En el informe anual también se detallaron los principales logros alcanzados durante el año 2021, por parte de las distintas unidades que conforman la institución:

Estadísticas Generales

En los primeros nueves meses del año 2021, se observa un repunte en el ingreso de asuntos nuevos a la Defensa Pública, luego del decrecimiento que por efectos de la pandemia se presentara durante el año 2020.

Al mes de noviembre del 2021 se reportó un ingreso en todas las materias de 113.480 asuntos nuevos y 111.267 finalizados en todas las materias. 

Acciones relevantes en las distintas materias que atiende la Defensa Pública.

En atención en materia agraria: La Unidad Agraria, realizó en sitio más de mil atenciones de personas que por su situación de vulnerabilidad así lo requirieron, brindando el servicio de forma prioritaria a la población indígena incluso en sus casas de habitación, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

En atención en materia contencioso administrativo: Uno de los logros más significativos, es la presentación de una demanda en contra del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en razón de que, en algunas comunidades indígenas como la Abrojo Montezuma, no se contaba con acceso a agua potable. El objetivo de la presentación del recurso, era la construcción de un nuevo acueducto que abasteciera a las comunidades que carecen totalmente del preciado líquido. Además, se solicitó como medida cautelar, que se abasteciera mediante camiones cisterna o cualquier otro medio válido, de agua potable a toda la población de dicho territorio indígena, lográndose con éxito la aprobación de dicha medida cautelar por parte del Tribunal.

 En atención a pueblos indígenas: A partir del 2021 se colocó una plaza destinada a la atención de procesos judiciales de personas indígenas en Buenos Aires, que constituyó el primer recurso especializado para la atención de la materia. Sin embargo, el año pasado también se asignaron dos plazas en el presupuesto ordinario para la atención de personas indígenas en materia de pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica, las cuales fueron destinadas a Bribri, y San Vito de Coto Brus.

En atención en materia laboral: A cuatro años del inicio del servicio en materia laboral, se atendieron en ventanilla a 351.801 personas usuarias, quienes se han aproximado a nuestras oficinas para ser asesoradas, tramitando durante ese periodo 77.017 casos. En el 2021, se registra un ingreso de 19.250.

En atención en materia de Justicia Restaurativa: a setiembre del 2021 se registró 1.683 asuntos penales ingresados y 133 en penal juvenil. En asuntos terminados fueron 883 en materia penal y 116 en penal juvenil.

Atención en impugnación y revisión de sentencia: En el período comprendido entre el 31 de octubre del 2020 y el 31 de octubre del 2021 se recibieron en la Unidad de Impugnación de sentencia un total de 743 consultas formales, tanto para apelación como para casación.

Unidad de Investigación: En el ámbito de atención de las solicitudes y diligencias de investigación tramitadas durante el año 2021, con corte en el mes de octubre, se han recibido un total 922 solicitudes, donde 757 se clasificaron como solicitudes no complejas y 176 solicitudes de trámite complejo, lo que significó un importante aumento en relación al año 2020 donde se tramitaron 724 solicitudes de investigación.

Supervisión Disciplinaria: la Unidad de Supervisión Disciplinaria, registró 270 causas ingresadas y 217 causas terminadas a setiembre del 2021.

Penal Juvenil: El proyecto denominado “Charlas de Prevención a Centros Educativos” permitió la exposición virtual y la visita presencial a 42 instituciones educativas públicas del país. En esta iniciativa la Unidad Penal Juvenil de la Defensa Pública explica los alcances de la Ley Penal Juvenil, las consecuencias de una persona menor de edad ante la comisión de un delito, la aplicación de medidas alternas, el papel de la Defensa Pública en el proceso penal juvenil, promoviendo la aplicación de prácticas restaurativas.

Tras la exposición de estos datos, la Defensa Pública garantiza el cumplimiento de su labor en la defensa de los derechos fundamentales de la población más vulnerable del país.