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Facilitar el acceso a la justicia , promover el uso de la tecnología y eliminar las barreras territoriales, son parte de los objetivos del proyecto de virtualización del servicio en materia de pensiones alimentarias de la Defensa Pública.
Con este proyecto, se optimizan los recursos y se garantiza que el servicio en materia de pensiones alimentarias, llegue a algunas zonas rurales del país donde se cuenta con oficina de la Defensa Pública pero no existe actualmente especialista en dicha materia.
Este proyecto fue presentado ante la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, el pasado 15 de abril y el día 18 de agosto, se informaron ante esta misma Comisión, los avances y proyecciones.
Según detalló el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo “este proyecto ha demostrado que mediante el uso de los recursos institucionales ya existentes y la maximización del recurso humano se ha logrado atender a las personas usuarias en materia de pensiones alimentarias en zonas del país donde no existía el servicio”.
Este proyecto inició con una primera etapa, la cual abarcó la implementación del servicio en Tarrazú, Puerto Jiménez, Osa, San Vito de Coto Brus y próximamente en Atenas.
Como parte de las proyecciones del proyecto, se ejecutará una segunda etapa que involucran aquellos lugares que son visitados por una persona defensora pública en pensiones alimentarias una o dos veces por semana y sustituir esta atención en la medida de las posibilidades de presencial a virtual.
La tercera etapa esta integrada por las oficinas de la Defensa Pública de Cóbano y Los Chiles, donde la materia alimentaria es atendida por una persona profesional de materia penal con recargo y se aspira que la atención la pueda brindar una persona defensora pública especialista en la materia alimentaria.
Finalmente como cuarta etapa, se pretende llevar el servicio a ciertos lugares donde la Defensa Pública no tiene oficina.
Para la ejecución de este proyecto se instalaron estaciones virtuales, que implican un espacio físico y equipo de cómputo en oficinas judiciales que permiten la conexión con la persona defensora pública, quien se ubica en una zona diferente del país para brindar la atención requerida.
En la reunión también participaron las Magistradas Julia Varela Araya, Roxana Chacón Artavia, el Magistrado Jorge Olaso Álvarez y otras personas integrantes de la Comisión, quienes destacaron el trabajo y compromiso de la Defensa Pública por llevar el servicio de pensiones alimentarias a zonas que realmente lo necesitan.
La máxima aspiración para la Defensa Pública es llevar la asistencia legal gratuita en materia de pensiones alimentarias a cada rincón del país y eliminar de esta forma las limitaciones que se presentan en la actualidad, por la ubicación geográfica y la falta de recursos económicos de las personas usuarias más vulnerables, evitando el desplazamiento y garantizando así un verdadero acceso a la justicia.
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Fortalecer el conocimiento del personal de la Defensa Pública en la “Regulación para la Prevención, Identificación y Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial”, fue el objetivo de la exposición dada por el defensor público supe rvisor de la Unidad Disciplinaria, Roberto Campos Delgado, en la reunión de personas coordinadoras y supervisoras de la Defensa Pública.
La charla se realizó el 16 de agosto y detalló entre otros temas, cómo se deben de gestionar los conflictos de interés dentro de la Defensa Pública, la comunicación oportuna de los mismos, así como los cuidados que deben tener las personas que trabajan en la institución, al momento de interactuar en alguna red social, con el fin de evitar los conflictos de interés y no comprometer su seguridad.
Se reiteraron algunos consejos en cuanto al uso de redes sociales que forman parte de la circular 206-2015 del Consejo Superior, en la que se comunican una serie de recomendaciones del Consejo de Notables del Poder Judicial, sobre el uso de redes sociales, como por ejemplo, no revelar datos personales, no compartir contraseñas, entre otros.
Todas estas sugerencias, promueven resguardar la integridad del servicio público que ofrece la Defensa Pública y prevenir los conflictos de interés entre el personal de la institución.
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En el marco del programa de cooperación europea, EUROsociAL.
La Defensa Pública de Costa Rica realiza talleres participativos con el objetivo de puntualizar los elementos centrales para la creación de un modelo de Defensa Pública Abierta basado en la política de Justicia Abierta del poder Judicial.
La actividad virtual inició el miércoles 11 de agosto y se extendió hasta este viernes, gracias al apoyo brindado por el programa EUROsociAL de la Unión Europea, con la colaboración de la Fundación Abogacía Española.
De esta manera, se pretende concretar un mecanismo idóneo de interacción con la sociedad civil, así como la participación y co-creación de los compromisos prioritarios para la implementación de este modelo.
La Defensa Pública reafirma su compromiso con la sociedad, con el fin de garantizar el estado de derecho, promover el acceso a la justicia, la paz social y fortalecer la democracia, en el marco de los principios de la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información de interés, la participación ciudadana y la colaboración.
El Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, resaltó que la generación de esta política se ha realizado con la participación activa del personal judicial, 10 representantes de la sociedad civil, y 10 instituciones públicas, así como con el apoyo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ), como ente rector de la política.
“La Política de Justicia Abierta es un marco orientador general que articula todos los esfuerzos llevados a cabo por distintos órganos del Poder Judicial en materia de transparencia, participación ciudadana y colaboración, como parte del Plan de implementación de esta política se incluye el compromiso de construir una Defensa Pública Abierta cuya gestión y servicio público comprenda los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración”, señaló Pérez Murillo.
María Kaidi Ruiz, representante del Programa EUROsociAL, destacó el gran trabajo y la confianza depositada para acompañar en este proceso importante y pionero de la región como es la creación e implementación de la Política de Justicia Abierta en Costa Rica.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, Sara Castillo Vargas, considera que la apertura es un valor imprescindible en la administración pública.
El primer taller contó con las exposiciones del defensor público supervisor Mario Serrano Zamora, sobre las acciones de la Defensa Pública en Justicia Abierta, así como la ponencia de la Experta de EUROsociAL, Sandra Elena, con el tema sobre justicia y datos abiertos.
Para el segundo taller, se desarrollará la delimitación de los 3 compromisos propuestos por la Defensa Pública que son: Datos Abiertos, participación ciudadana y lenguaje claro.
Para la Defensa Pública es necesario comprender las necesidades actuales de la sociedad civil, por lo que día con día se está trabajando para fortalecer el servicio público, así como posicionar a la institución como un referente internacional en materia de Justicia Abierta.
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Defensa Pública de Costa Rica y Programa EurosociAL+ de la Unión Europea:
PRESENTAN PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CARCELARIA
Modelo promueve la creación de una mesa de trabajo intersectorial, integrada por instituciones que trabajan con personas privadas de libertad, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
El día de ayer expertos y representantes del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y el equipo técnico de la Defensa Pública de Costa Rica presentó la “Mesa de diálogo y actuación intersectorial”(MEDAI).
Esta mesa de trabajo forma parte del Proyecto denominado ‘Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria’ (SIRCAVI), el cual promueve el monitoreo de espacios de detención, dirigido al abordaje, documentación, seguimiento e investigación de los casos de violencia institucional y tortura, que permitan a las personas víctimas y sus familiares, una respuesta oportuna y efectiva del sistema administrativo y judicial para salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad.
Esta actuación intersectorial tiene como objetivo permitir el máximo aprovechamiento y optimización de los recursos que hagan efectivo el principio de atención integral para las personas privadas de libertad, tales como la prestación de asistencia jurídica, médica y psicosocial entre los actores institucionales y de la sociedad civil
El Director de la Defensa Pública de Costa Rica, Sr. Juan Carlos Pérez Murillo y el Director del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, Sr. Juan Manuel Santomé, fueron los encargados de inaugurar esta reunión virtual de trabajo, quienes destacaron la importancia de abrir espacios de diálogos para fomentar y resguardar los derechos de la personas privadas de libertad.
“Es muy importante generar estos espacios de trabajo que involucren actores esenciales, familiares de personas detenidas y organizaciones no gubernamentales para prevenir y erradicar la violencia en las prisiones” puntualizó el Sr. Santomé.
Por su parte, el Director de la Defensa Pública de Costa Rica, señaló que “...La participación de cada una de las instituciones nacionales e internacionales, permitirá visibilizar la violencia penitenciaria en nuestros países y unir esfuerzos para brindar una asistencia integral a las personas que la sufran, generando políticas de interés público acordes con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de las Personas Privadas de Libertad, con la Declaración de Derechos Humanos y con todos los estándares internacionales más altos, proyectándose Costa Rica, como ejemplo regional de un país con sistemas carcelarios más humanos”.
La presentación del proyecto SIRCAVI estuvo a cargo expertos del programa EUROsociAL+, Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuéllar, quienes explicaron que el objetivo de este, es la atención de las personas detenidas, pero también de sus familiares cuando sufren tratos crueles y degradantes.
“Ninguna persona debe sufrir violencia intercarcelaria, nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles o inhumanos, se debe garantizar la protección de la vida cotidiana carcelaria” manifestó el experto Iñaki Rivera Beiras.
Por su parte, el Sr. Alejandro Forero Cuéllar, explicó que la Mesa de diálogo y actuación intersectorial (MEDAI) en Costa Rica, cuenta con actores fundamentales como lo son la Fiscalía General de la República, Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Dirección General de Adaptación Social, Oficina para la Atención y Protección de Víctimas y Testigos, el Organismo de Investigación Judicial, Instituto Nacional de la Mujeres y Organizaciones no Gubernamentales como: Familia Penitenciaria Unida, Asociación Ciudadana ACCEDER, entre otras que desarrollen actividades en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares.
También destacó como punto importante del Protocolo de Atención Integral, que el mismo permitirá el seguimiento y monitoreo de casos, donde se podrán generar estadísticas para tener información para la toma de decisiones, información de acceso público y así darnos cuenta del fenómeno al que nos enfrentamos.
La presentación institucional del equipo técnico de la Defensa Pública de Costa Rica, fue expuesta por la Coordinadora de la Unidad de la Ejecución de la Pena Laura Arias Guillén, quien detalló las estrategias que se han venido trabajando desde el año 2020 y cómo el diálogo y trabajo intersectorial, será clave para el éxito del proyecto.
Acciones conjuntas entre instituciones y organizaciones
La Defensa Pública ha sido enfática en señalar la necesidad de crear acciones conjuntas con instituciones tanto a nivel político como operativo, encargadas de la atención de personas privadas de libertad, con el fin de lograr el cumplimiento de objetivos y metas, en el resguardo de los derechos de esta población tan vulnerable.
La ronda de intervenciones por parte de instituciones participantes, fue iniciada por la Señora Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, quien manifestó su compromiso con el proyecto y señaló sentirse alegre por ver a tantos sectores representados y sobre todo a representantes de familias de personas detenidas, para lograr un diálogo abierto.
La ronda de intervenciones también contó con la participación de la Sra. Maureen Esquivel, representante de Familia Penitenciaria Unidad, quien instó a las personas encargadas de trabajar en este proyecto, a seguir adelante y a mantenerse trabajando en el transcurso del tiempo por el resguardo de las personas privadas de libertad.
El acto de clausura, estuvo a cargo de las señoras María Luisa Domínguez, Técnica Senior de Gobernanza del Programa EUROsociAL+ y Yendry Portuguez Pizarro, Subdirectora de la Defensa Publica de Costa Rica.
“Con el sistema que hoy presentamos, se pretende visibilizar los datos de las prisiones, pero sobre todo, atender las necesidades de manera integral de las personas privadas de libertad” puntualizó la señora María Luisa Domínguez.
Por su parte, la Subdirectora de la Defensa Publica de Costa Rica, agradeció a las personas que participaron en la reunión y señalo que “...tenemos claro que quedan muchas acciones por ejecutar y retos por alcanzar, pero les instamos a que seamos parte del cambio, fomentando instituciones comprometidas con objetivos de interés público que permitan convertirnos en un país cada vez más respetuosos de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”.
Se espera continuar con las siguientes etapas del proyecto, contando con la colaboración de las instituciones participantes.
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Instalaciones cumplen con estándares internacionales para la ubicación de personas privadas de libertad
E l Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo y la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas realizaron este miércoles 30 de junio una visita a las nuevas instalaciones del centro penitenciario llamado Terrazas.
El objetivo fue verificar los nuevos espacios que se estarán habilitando en este lugar para ubicar personas privadas de libertad y así enfrentar el problema del hacinamiento carcelario de una forma integral, abordando todas las necesidades de la población.
Para el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, a través de esta visita la institución cumple con su labor de vigilancia en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Así mismo, indicó que las instalaciones cumplen con las reglas internacionales, en materia de personas privadas de libertad.
“Hemos encontrado satisfactoriamente que se enmarcan dentro del concepto humano de lo que debe ser una atención integral para las personas privadas de libertad. Como defensores públicos mantenemos nuestra obligación y nuestro deber de mantenernos vigilantes de las condiciones en que se encuentran todas las personas privadas de libertad, es nuestro interés velar por una condición humanizada en los centros penitenciarios del país” indicó el director de la Defensa Pública.
En esta visita también participó la subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez Pizarro, la viceministra del Ministerio de Justicia y Paz Viviana Boza Chacón, la Subdirectora de Adaptación Social, Ilse Mary Díaz Díaz, la Directora de la Policía Penitenciaria Daysy Matamoros Zúñiga, el Ingeniero del Departamento de Infraestructura Penitenciaria, Diego Leandro Solano, así como personas defensoras públicas de la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública y personal penitenciario.
El nuevo centro de atención institucional se ubica en el complejo “Jorge Arturo Montero Castro” en San Rafael de Alajuela, y tiene capacidad para 1.248 personas privadas de libertad.
El Ministerio de Justicia y Paz indicó que su habilitación se dará una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto extraordinario que permitirá la rotación de personal policial para la operación del centro penitenciario.
Para la Defensa Pública la habilitación de estos nuevos espacios permitirá mitigar el problema de hacinamiento carcelario que se vive en el país y brindar un espacio a las personas privadas de libertad donde se respeten sus derechos humanos.
Proyecto de Comunicación y Proyección de la Defensa Pública