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Escrito por: Luis Paulino Cascante Ramírez

Categoría: Noticias

Publicado: 27 Octubre 2023

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Ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe

Facilitar el acceso a la justicia, disminuir las barreras territoriales y económicas de las personas en situación de vulnerabilidad que residen en zonas alejadas a través de la atención virtual en materia de pensiones alimentarias, es el objetivo de las estaciones virtuales implementadas por la Defensa Pública.

Esta innovación en el servicio, fue presentada el pasado 25 de agosto, como una buena práctica del Poder Judicial de Costa Rica, por parte del Magistrado y Coordinador de la Comisión Centroamericana y del Caribe para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, Jorge Olaso Álvarez ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.                                     

Durante la presentación ante el Consejo, el Magistrado Olaso Álvarez expuso esta iniciativa que surgió desde la Dirección de la Defensa Pública en el año 2020, iniciando en la oficina de la Defensa Pública en Tarrazú, implementándose posteriormente en los cantones de San Vito, Osa, Puerto Jiménez, Guácimo, así como en el resto del territorio nacional,

Actualmente, hay lugares donde se presta el servicio de manera bimodal, una persona defensora pública asiste presencialmente a la zona un día y los otros días se brinda la atención de manera virtual.                                                                                      

De igual modo, desde la Unidad de Pensiones Alimentarias de San José, se brinda atención virtual a personas usuarias de todo el país, cuando por alguna situación, la persona defensora pública de la respectiva oficina debe atender otras diligencias, de manera que no se afecte el servicio.

Esta buena práctica se sostiene en cinco ejes esenciales: garantía real de acceso a la justicia, eliminación de las barreras territoriales, optimización del recurso profesional y económico, uso de las nuevas tecnologías institucionales y aplicación del protocolo de audiencias virtuales.

Los beneficios logrados a partir de estas estaciones virtuales, llevó a considerar la posibilidad de colocarlas en lugares donde no existen del todo oficinas judiciales, esto mediante el apoyo de la comunidad y en el marco de las políticas de Justicia Abierta y del Modelo de Defensa Pública Abierta, por lo que actualmente se cuenta con estaciones virtuales en: Tortuguero, Isla Chira, Nosara, Cabeceras de Tilarán, Colorado de Abangares, Pejibaye de Pérez Zeledón, Santa Fe de Guatuso, La Virgen y Pavón de Los Chiles, así como en territorio indígena Malecu.

Esta forma de trabajo y prestación del servicio permite garantizar el acceso a la justicia y el resguardo de los derechos humanos de las personas que residen en zonas alejadas del país, así como maximizar el uso de los recursos públicos.                                                                                                      

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Escrito por: Luis Paulino Cascante Ramírez

Categoría: Noticias

Publicado: 27 Octubre 2023

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• Talleres se realizaron en los territorios indígenas de China Kichá, Rey Curré y Boruca.

Generar espacios de reflexión sobre la garantía de acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, dialogar con las comunidades sobre el servicio de la Defensa Pública así como,    identificar las principales costumbres, tradiciones y conceptos normativos de los pueblos indígenas visitados, fue el objetivo de los talleres realizados en territorios de la Zona Sur.

Los encuentros se realizaron el 30 de agosto en China Kichá y el 31 de agosto en Rey Curré y Boruca, donde las personas indígenas participantes, tuvieron  la oportunidad de exponer sus necesidades, experiencias y la forma en que ellas consideran más oportuno recibir la atención de servicios por parte de esta institución.

Para el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, “este tipo de talleres permiten conocer las necesidades de las personas indígenas para que la Defensa Pública brinde un servicio y atención de calidad a los pueblos”.

Estas visitas, forman parte de un plan de acción que la Defensa Pública emprende en el cumplimiento de la medida cautelar 321-12 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada a la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas.

De acuerdo con lo expuesto por la Supervisora en Atención a Personas Indígenas, Laura Arias Guillen, estas reuniones permiten dar a conocer los derechos que tienen las personas indígenas tanto a nivel nacional como internacional, la importancia de solicitar pericias interculturales y cómo fortalecer los servicios que ofrece la Defensa Pública en los territorios indígenas, respetando sus costumbres y tradiciones.

Por su parte el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Boruca, Ismael Gonzales Rojas, señaló que “este taller es importante porque nos permite conocer nuestros derechos y de esta manera ejercerlos como ciudadanos costarricenses”.             Este tipo de encuentros permiten  fortalecer la atención y servicios que ofrece la Defensa Pública para los pueblos indígenas, respetando su cosmovisión y fortaleciendo el servicio que se brinda en estos territorios.

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Escrito por: Luis Paulino Cascante Ramírez

Categoría: Noticias

Publicado: 27 Octubre 2023

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La unidad en materia contenciosa administrativa de la Defensa Pública logró que la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bribri Kekoldi mantenga legitimidad sobre un terreno que se encontraba en conflicto judicial con persona no indígena.

De acuerdo con el expediente 16-005716-1027-CA – 0, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazo una demanda interpuesta por una persona no indígena que reclamaba derecho a ser indemnizada al no poder hacer uso de su propiedad y no haber sido expropiado, ya que estaba dentro de la Reserva Indígena Keköldi.                                                                                                 

En dicho conflicto judicial, el tribunal resolvió que la persona que demandaba no tenía legitimidad sobre el terreno por las razones expuestas por la Defensa Pública Contenciosa Administrativa.

“Se logró evidenciar ante el tribunal que no existe documento que demuestre la posesión del actor o su trasmisión por lo que la propiedad había sido adquirida de forma ilegítima. El único documento existente en el expediente es una supuesta venta del terreno al padre del actor, pero de allí no se deriva si la persona que vendió era indígena; esa supuesta trasmisión no es legal pues se realiza en el año 1989 posterior a la Ley Indígena siendo por consiguiente imposible de reclamar indemnización alguna”, expresó el especialista de la Defensa Pública en materia contenciosa administrativa, Roberto Montero.

Por esas razones el Tribunal Contencioso declaro inadmisible la demanda y condenó en costas a la persona que reclamaba ese derecho.

La Ley Indígena en su artículo 3 indica que: “Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros."

La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bribri Kekoldi fue asesorada y representada por la Defensa Pública como parte del servicio que se mantiene en materia contenciosa administrativa para las personas indígenas, tanto para la parte actora y demandada.

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Escrito por: Luis Paulino Cascante Ramírez

Categoría: Noticias

Publicado: 17 Agosto 2023

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Como parte del modelo de Defensa Pública Abierta, que aplica los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración, se llevó a cabo la rendición de cuentas de la región de Guanacaste.

Esta actividad se realizó el pasado jueves 10 de agosto en la Casa de la Cultura de Nicoya, con la presencia del director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, la subdirectora, Yendry Portuguez Pizarro y la Supervisora Regional de Guanacaste, Laura Arias Guillen. Así mismo, personal judicial y fuerzas vivas de toda la provincia.

Como parte de los datos estadísticos se expuso que, de enero a julio del 2023, se registran 10. 427 procesos nuevos en materia penal. También en ese mismo período 3. 208 personas iniciaron procesos con la asesoría y representación legal de las personas defensoras públicas en material laboral, 1.623 personas en pensiones alimentarias y 894 en materia agraria.                                                                                                                 

“Nuestro interés es que podamos facilitar el acceso al servicio que presta la Defensa Pública. Hemos tratado de maximizar el recurso instalando cronogramas de visitas en comunidades de Guanacaste donde se requiere reforzar la atención en materias como pensiones alimentarias y agrario... También procuramos brindar nuestro servicio a través de estaciones virtuales, como las colocadas en la comunidad de Nosara, Colorado de Abangares y Cabeceras de Tilarán, lo que evita que las personas gasten tiempo y dinero en trasladarse a edificios judiciales”, señaló el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.                        

En dicha rendición de cuentas, la Supervisora Regional de Guanacaste, Laura Arias Guillen, también destacó otras labores que se han ejecutado en la zona como las 19 charlas en materia penal juvenil que se impartieron en centros educativos, con el fin de informar y sensibilizar a la población menor de edad sobre las consecuencias ante la comisión de un delito. En total 665 personas jóvenes fueron capacitadas.

Además, en coordinación Instituto Nacional de Mujeres (INAMU) se han impartido charlas sobre derechos laborales y acoso laboral a 19 mujeres y, en temas de pensiones alimentarias a 39 mujeres. Se destaca la coordinación con el pueblo indígena Matambú, para la prestación de servicios de manera presencial en el territorio.

La actividad permitió que las personas coordinadoras de las oficinas de Santa Cruz, Nicoya, Cañas y Liberia dieran a conocer los datos estadísticos sobre la cantidad de personas atendidas en cada materia, lo que evidencia la necesidad del servicio público que presta la institución en la región.

Como parte de esta actividad previamente se realizó una feria de servicios en la Plazoleta del parque central de Nicoya, frente a la iglesia Colonial, donde se atendieron aproximadamente 53 personas.                                                                                                                             

Este tipo de actividades permiten reafirmar el compromiso que tiene la institución con el servicio público y con la generación de enlaces institucionales en beneficio de la población costarricense.