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El Congreso virtual sobre Derechos Humanos en los Pueblos Indígenas se realiza con el fin de promover estrategias de defensa con perspectiva cultural en todo tipo de procesos, utilizando los estándares internacionales, pericias culturales y la experiencia de otros países latinoamericanos en el tema.
Dicho congreso inició este jueves 20 de mayo y se extenderá durante el viernes 21 de mayo, jueves 27 de mayo y viernes 28 de mayo. En la apertura participó Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Pérez Murillo, el director de la Defensa Pública, y Marie-Christine Fuchs, directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Durante la apertura, Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública, señaló que la actividad, es una acción importante en la necesidad de responsabilizarnos, de unirnos en la lucha de los pueblos indígenas por el respeto a su cosmovisión, a su cultura, a su idioma, religión y a sus territorios.
“Es necesario romper con todos los estereotipos y prejuicios que se encuentran arraigados en nuestra sociedad, y empezar a construir una justicia con una visión interseccional, que aborde las necesidades de los territorios indígenas, acercar la justicia a estos lugares y procurar que la realización de diligencias sea en las comunidades para evitar el traslado a zonas alejadas de su domicilio”.
Durante el primer día se hizo énfasis sobre la utilización de personas intérpretes y la realización de peritajes culturales, siendo un medio de información y de prueba para que la persona juzgadora pueda entender la diferencia cultural que opera en el territorio indígena y así entender el caso concreto que se encuentra en el proceso judicial.
Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, resaltó la Ley 9593 de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas de Costa Rica, que vino a establecer mecanismos para el cumplimiento práctico de los derechos de esta población, entre estos los peritajes culturales.
“Esta ley desarrolla otros aspectos muy interesantes como el derecho a la información en el idioma materno, la asistencia de interpretes y traductores, las medidas para facilitar las practicas de las pruebas, la posibilidad de establecer una especie de banco de datos con el consentimiento informado para aprovechar la información que se obtenga de un peritaje cultural, se reconoce la coordinación con las universidades publicas para obtener apoyo en cuanto al peritaje cultural y la asistencia letrada gratuita, siendo este último objetivo donde la Defensa Pública cumple un rol fundamental” señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Para el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, los peritajes culturales son una actividad procesal necesaria para que un experto suministre información a las personas juzgadoras sobre hechos y prácticas de un pueblo indígena donde se registra el conflicto judicial. “Justamente es importante que los peritajes otorguen las garantías y respeten los derechos de los pueblos indígenas, entender mejor la cosmovisión y la cultura indígena. También nos hace entender lo diversos que somos, como sociedad, lo que es la sociedad Latinoamericana, que veo con mucha admiración, donde incluso podemos hablar de la exigencia de un pluralismo jurídico”., señaló Marie-Christine Fuchs, directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica.
Durante el primer día del Congreso se profundizaron los temas: “El acceso a la justicia de los pueblos indígenas”, a cargo de Jorge Olaso Álvarez, Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Posteriormente se dio espacio al tema: “La génesis de la Ley de acceso a la justicia para pueblos indígenas y medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” por Damaris Vargas Vásquez, Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Así mismo se expuso sobre la “Interculturalidad y pueblos indígenas” por Luisa Castañeda, Abogada experta en interculturalidad y pueblos indígenas y “El papel de la mujer indígena por Isabel Rivera”, Lideresa indígena de la comunidad Teribe de Térraba.
El Congreso sobre Derechos Humanos en los Pueblos Indígenas, es un evento organizado por la Defensa Pública de Costa Rica, en coordinación con el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
En la actividad han estado presentes magistradas, magistrados, integrantes del Consejo Superior del Poder Judicial, cuerpo diplomático, ministras y ministros de Gobierno, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, Integrantes del Consejo Superior, personas indígenas. También han asistido personas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela, y Costa Rica.
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El congreso sobre derechos humanos en pueblos indígenas continuó este jueves con la exposición de la lideresa indígena de la comunidad Bribri de Guatsi Talamanca, Justa Romero, quien hizo un llamado a entender cómo operan los pueblos indígenas en Costa Rica antes de tomar decisiones, para que estas sean de acuerdo con su cosmovisión.
“…… Nosotros nos apegamos conforme a la ley del gran Sibú y el gran Sibú para nosotros es el gran Dios, y el gran Dios no solo nos dice que es justicia, sino que también nos dice porq
ue debemos hacer la justicia, porque para nosotros todo hay una consecuencia. El peritaje cultural es facilitar, es ampliar una visión para que el Poder Judicial pueda hacer una justicia real… eso significa, que primero se debe conocer la cultura, porque, si no conozco la cultura, también para mí es difícil hacer un análisis de equis problema, pero si conozco mi cultura, entonces yo voy a saber realmente lo que sucede,” señaló la señora Justa Romero.
El evento promueve estrategias de defensa con perspectiva cultural en todo tipo de procesos judiciales, utilizando los estándares internacionales, pericias culturales y la experiencia de otros países latinoamericanos en el tema.
Para esta tercera fecha se desarrolló el Panel “Peritajes culturales en Costa Rica”, en la que además participaron, la supervisora de atención a personas indígenas de la Defensa Pública, Ligia Jiménez Zamora y el antropólogo y arqueólogo, Bohían Pérez Stéfanov. El espacio fue moderado por la abogada staff del Programa Amazonía de EarthRights International, y experta en peritajes antropológicos en Perú, Katherine Luz Paucar Quispe.
La supervisora de atención a personas indígenas de la Defensa Pública, Ligia Jiménez Zamora, indicó que, “En el 2010 inicia un proyecto en la Defensa Pública con personas privadas de libertad indígenas, cuyo objetivo fue presentar procedimientos de revisión al identificar violaciones al debido proceso. Se logró estudiar 89 expedientes penales, de los cuales resultaron 43 estudios negativos para presentar procedimiento de revisión, 11 recomendaciones para litigar con perspectiva cultural y 35 procedimientos de revisión presentados, de los cuales 5 fueron declarados con lugar por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, todo en procura de la defensa de los derechos de este importante sector de la población.”
El antropólogo y arqueólogo, Bohían Pérez Stéfanov, enfatizó en las diferencias de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad, ya que esta población se rige por tradiciones que son transmitidas de forma oral, mientras que el resto de la ciudadanía lo hace por medio de reglas establecidas de manera escrita.
“ Uno de los principales retos desde mi perspectiva y experiencia, es que el principal aporte de los peritajes culturales, es lograr sensibilizar a las estructuras del Estado sobre esa necesidad de acompañamiento de las comunidades, pero un acompañamiento horizontal y no vertical, no llegar a decir lo que tienen que hacer, sino empezar a construir con ellos, primero, identificar la necesidad que tienen, y segundo construir soluciones a esas necesidades, por ejemplo en acceso a la justicia, pero de acuerdo a sus principios de tradición cultural, de una tradición oral y de profundidad histórica que ciertamente necesita recuperarse……..” manifestó Pérez Stéfanov.
En su exposición, el coordinador de proyectos del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer, Miguel Barboza López, enfatizó en fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas a nivel de las instituciones del Estado, en la ejecución e implementación de peritajes culturales.
Durante este jueves también se realizó el segundo Panel “Desafíos de la aplicación de peritajes culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: experiencias desde el litigio de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, a cargo de Directora Asociada de Iniciativa del O’Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown, Silvia Serrano Guzmán, el especialista en la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, Mario Melo Cevallos y el juez de la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Jorge Leiva Poveda. Como moderador el abogado y coordinador de proyectos del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la KAS, Miguel Barboza López.
El panel permitió exponer sobre diferentes casos judiciales internacionales que permitieron visualizar acciones estratégicas para mejorar el acceso a la justicia y la importancia de realizar mejoras en el servicio público partiendo desde la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Para la Defensa Pública el congreso logra consolidar buenas prácticas para fortalecer las estrategias de defensa en favor de los pueblos indígenas, respetando la cultura y religión. Así mismo, sensibiliza al resto de instituciones sobre un adecuado abordaje interdisciplinario en el respeto de los derechos fundamentales desde los distintos servicios públicos.
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- 9 instituciones trabajan con mujeres en procesos penales para potenciar sus habilidades y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
- Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad trabaja en el país desde el año 2014.
San José, 11 de mayo, 2021. – Más de la mitad de las mujeres que están privadas de libertad tienen varios factores en común: son jefas de hogar, viven en pobreza y su delito está vinculado con el tráfico de drogas. Estas mujeres venden drogas como una estrategia de sobrevivencia que les permite cubrir someramente sus necesidades y las de sus familias bajo condiciones de exclusión, pobreza y violencia.
Cuando estas mujeres cumplen su condena y se insertan a la sociedad, en muchos casos enfrentan dificultades porque tienen registros judiciales que les dificultan conseguir empleo, carecen de una red familiar que las apoye y tiene el estigma social que representa haber estado en el sistema penal. Todos estos factores hacen que su proceso de inserción sea cuesta arriba.
Ante esa realidad, en el año 2014, nació la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, una alterativa interinstitucional que brindan atención integral a las mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad.
La RED es una alternativa para que las mujeres puedan tener la oportunidad de desarrollar herramientas personales, minimicen el riesgo delictivo y disminuyan la posibilidad de reincidencia por medio del abordaje de las condiciones que anteceden al delito, generalmente asociadas con la vulnerabilidad económica, diversos tipos de violencias y factores de exclusión social.
Este mecanismo está conformado por nueve instituciones: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), la Defensa Pública del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Una vez que la red entra en funcionamiento y cada entidad empieza a impactar de manera positiva en la vida de estas mujeres, su forma de percibir el mundo cambia. La transformación de cada una de ellas dependerá el impacto que tuvo con una o varias entidades; así, por ejemplo, se pueden convertir en mujeres empoderadas, otras tendrán un proceso de formación académico, otras podrán tener acceso a terapias de rehabilitación para el consumo de sustancias, en otros casos conocerán sus derechos o mejorarán los vínculos afectivos con sus familiares, entre otros beneficios que las impactan de forma positiva.
Últimos acuerdos
Durante la última reunión de la RED, las autoridades de las diversas entidades llegaron a una serie de acuerdos que potenciarán el trabajo de articulación. Uno de estos pactos fue ejecutar el Programa de Formación Humana en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en el Módulo de atención a mujeres del CAI de Liberia, y eventualmente en los módulos de atención a mujeres de Puntarenas, Pérez Zeledón y Pococí.
Por su parte, el PANI se comprometió con la formación en crianza positiva a las mujeres madres que están en los módulos materno-infantil, así como el acompañamiento a las adolescentes madres del Centro de Formación Juvenil Zurquí. Además, el Patronato suministrará material lúdico, educativo y de estimulación para la niñez de aquellos centros que cuenten con módulos materno-infantiles.
El Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones se comprometieron a ampliar un convenio existente que permitirá el establecimiento de un Centro Comunitario Inteligente (CECI), en el CAI Vilma Curling Rivera, con el fin de favorecer la conexión de las mujeres con sus actividades regulares de desarrollo, resguardar el vínculo con sus familias y reducir la brecha digital de las mujeres privadas de libertad.
En coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, la Cámara de Comercio de Costa Rica y el INA, generarán un proyecto piloto en beneficio de la población del Centro Semi institucional La Mujer. Este proyecto tendrá como fin sensibilizar a la empresa privada, identificar los perfiles laborales estratégicos en las mujeres y realizar una intermediación que potencie las oportunidades de empleabilidad para las mujeres atendidas.
Trabajo articulado
Cada institución integrante de la red tiene un trabajo puntual de acuerdo con su marco de acción, por ejemplo, la Defensa Pública del Poder Judicial identifica a las mujeres que pueden ser atendidas interinstitucionalmente, una vez reconocidas, las remite a la RED. El IMAS prioriza la atención de estas mujeres y su familia. El INA brinda cursos y capacitaciones a esta población -recientemente se firmó un convenio entre el MJP y el INA para abrir un centro colaborador en el CAI Vilma Curling Rivera, el cual permitirá ampliar y robustecer la oferta formativa con las mujeres privadas de libertad.
Desde el INAMU se atienden las mujeres en el Programa Avanzamos Mujeres, el cual brinda capacitaciones en materia de empoderamiento, cómo vivir libres de violencia de género, fortalecimiento de sus derechos y proyecto de vida.
Desde el IAFA se atienden los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Por su parte, desde el ICD se promueven y financian proyectos para la prevención y atención, además de capacitar al recurso humano que brinda atención para las personas consumidoras de sustancias psicoactivas.
El PANI ha permitido la coordinación de casos de manera interinstitucional en la protección de la niñez y adolescencia. Además, brinda el apoyo a los módulos materno-infantiles de los centros penales.
En coordinación con la Cámara de Comercio y el Ministerio de Justicia y Paz, se está diseñando un proyecto para potenciar las habilidades sociolaborales de las mujeres y mediar en su ocupación a nivel laboral.
El trabajo interinstitucional es clave para el cambio cultural paulatino y sistemático que conlleva la introducción de la perspectiva de género en la institucionalidad pública y en abonar a la no discriminación y exclusión social de las mujeres que están en el sistema penal.
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- Escrito por: Angelica Gutiérrez Sancho
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Mediante el proyecto de virtualización del servicio en materia de pensiones alimentarias, la Defensa Pública llegará a algunas zonas rurales del país donde no existe actualmente especialista en dicha materia y que si se cuenta con oficina de la Defensa Pública.
La iniciativa fue presentada este jueves 15 de abril por Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, ante la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia.
En la reunión estuvieron presentes Roxana Chacón Artavia, Magistrada de la Sala Segunda y Jorge Olaso Álvarez, Magistrado de la Sala Segunda.
“Para la institución es importante presentar proyectos de esta naturaleza, relacionados con el derecho de Acceso a la Justicia y con la adaptación de nuestro servicio a la tecnología. Pretendemos maximizar los recursos y llevar nuestros servicios a más personas en situación de vulnerabilidad para que logren resolver su conflicto”, indicó el director de la Defensa Pública.
El proyecto utiliza los medios virtuales y optimiza el recurso humano existente para alcanzar la cobertura nacional en materia de pensiones alimentarias. De esta forma el servicio llegará a las zonas de San Vito de Coto Brus, Tarrazú, Atenas, Puerto Jiménez y Osa.
Estas zonas, no cuenta con personas defensoras públicas en materia alimentaria, ya que la Defensa Pública carece de plazas para hacer frente a las necesidades de las personas acreedoras alimentarias de estos lugares, que en su mayoría son niños, niñas, adolescentes, madres jefas de hogar, personas adultas mayores y personas con discapacidad que se encuentran en extrema pobreza y que requieren de una demanda alimentaria para que se cumpla con lo que establece la Ley de Pensiones Alimentarias.
Para la ejecución de este proyecto se instalaron estaciones virtuales, o sea colocación de equipo de cómputo en oficinas judiciales que permitirán la conexión con la persona defensora pública, quien se ubicará en una zona diferente del país para brindar la atención requerida.
El M.Sc. Pérez Murillo, también indicó que, para la efectividad del servicio mediante la modalidad virtual, ha visitado varios despachos judiciales del país con el fin de coordinar el apoyo de las personas juzgadoras, para que las diligencias donde sea parte la Defensa Pública, se realicen de manera virtual.
La máxima aspiración para la Defensa Pública es llevar la asistencia legal gratuita en materia de pensiones alimentarias a cada rincón del país y eliminar de esta forma las limitaciones que se presentan en la actualidad, por la ubicación geográfica de las personas usuarias.
15 de abril 2021
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- Escrito por: Angelica Gutiérrez Sancho
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E
l pasado 9 de abril, un equipo de trabajo de la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública, realizó una visita de monitoreo en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón.
Las visitas de monitoreo a los espacios de detención en todo el país, son una buena práctica que ha desarrollado la Defensa Pública con el fin de prevenir, identificar y denunciar eventuales situaciones de violaciones a derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.
Además, permiten que las personas defensoras públicas puedan verificar aspectos como: el hacinamiento carcelario, el estado de las celdas, las condiciones sanitarias en las que se encuentran las personas privadas de libertad, la continuidad de la atención médica, la alimentación, así como la recolección de información sobre eventuales casos de violencia institucional, entre otros.
Estas visitas, promueven la participación ciudadana de la población privada de libertad directamente en su lugar de reclusión.
El equipo de monitoreo, incluyendo al director de la Defensa Pública, ingresaron a dos módulos de convivencia en el centro penal, para conversar directamente con las personas privadas de libertad, quienes les expusieron sus problemáticas, reconociendo los esfuerzos que realiza el centro de atención institucional para mantenerlos en buenas condiciones.
“Las visitas de monitoreo son una oportunidad para promover la interacción, el diálogo constante con las personas privadas de libertad, conocer realmente las condiciones en las que se encuentran y así, dentro del marco del proyecto del Sistema para el Registro de Atención para los Casos de Violencia Institucional (SIRCAIVI), poder crear una propuesta de trabajo acorde con las realidades que se viven en los distintos centros penitenciarios del país. La constante vigilancia al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es nuestra prioridad”, indicó el M.Sc. Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública.
Este tipo de visitas son parte de las acciones que la Defensa Pública está ejecutando con el fin de resguardar los derechos fundamentales de esta población en situación de vulnerabilidad y permiten la sistematización y recolección de insumos necesarios para el desarrollo del proyecto SIRCAIVI.
En la visita de monitoreo, además del director de la Defensa Pública, participaron Héctor Sánchez Ureña, defensor público de ejecución de la pena de San José, Cristin Scott Núñez y Cindy Rodríguez Gordon, defensoras públicas de ejecución de la pena de Pérez Zeledón, así como personal del proyecto de comunicación de la Defensa Pública.