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El SIRCAIVI pretende garantizar acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
La Defensa Pública en el marco del proyecto denominado: Sistema para el Registro de Atención para los Casos de Violencia Institucional (SIRCAIVI), realizó de manera conjunta, la primera visita de monitoreo a personas privadas de libertad en el Centro Nacional de Atención Específica, el pasado 9 de marzo de 2021.
La primera visita de monitoreo forma parte del tercer eje de trabajo conjunto entre la Defensa Pública de Ejecución de la Pena, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Fiscalía de Ejecución de la Pena y la Oficina de Proyección de Víctimas y Testigos, para la tutela y protección de los derechos humanos de la población privada de la libertad.
El objetivo de la visita de monitoreo consistió en verificar las condiciones de permanencia, para determinar el cumplimiento de las reglas de habitabilidad, acceso a la atención técnica, agua potable, alimentación, derecho a la salud, verificar si existía hechos de malos tratos, violencia institucional o abuso policial.
“Se determinó que hay un incumplimiento en cuanto a los procesos de capacitación en el eje de derechos humanos por medio de las personas funcionarias de la policía penitenciaria, denuncias sistemáticas de malos tratos por parte de policía penitenciaria, se determinaron condiciones de habitabilidad que no cumplen con los criterios de Cruz Roja Internacional, por ejemplo: distancia entre camas, ventilación, deficiencias materiales, una infraestructura agotada, contaminación por aguas negras”, indicó Laura Arias Guillén, coordinadora de la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública.
De manera conjunta, la Defensa Pública y el Ministerio Público garantizan la protección de los derechos humanos al visibilizar la presencia de personas funcionarias judiciales, actuando cada uno desde sus competencias.
El proyecto pretende garantizar, conforme lo disponen las 100 reglas de Brasilia, el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
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Erick Fernández Masís
Periodista
En el marco de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo, la Defensa Pública dio a conocer las acciones ejecutadas para mejorar la calidad de vida de cientos de mujeres usuarias.
Esta exposición se dio en el conversatorio virtual denominado “La pandemia que cambió el mundo: Una mirada desde la violencia doméstica, el trabajo y pensiones alimentarias,” que se llevó a cabo el pasado martes 9 de marzo, organizado por la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia y la Comisión de Género del Poder Judicial.
La supervisora de la Defensa Pública en Pensiones Alimentarias y Familia, M.Sc. Sandra Mora Venegas expuso que, pese a la pandemia por la COVID-19, el servicio no se ha interrumpido en ningún momento, contabilizando para el año 2020 un total de 24.146 asuntos ingresados, de los cuales, un total de 22.728 correspondieron a mujeres, lo que representa el 94% de los casos ingresados.
Lo anterior, como parte de la competencia que ostenta por ley la Defensa Pública en esta materia, tal y como lo dispone el artículo 13, Asistencia legal del Estado, de la Ley de Pensiones Alimentarias, el cual señala: “Con el fin de hacer valer los derechos aquí consignados, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la suministre gratuitamente. Para este efecto, el Poder Judicial creará una sección especializada dentro del Departamento de Defensores Públicos”.
Los despachos con los mayores números de casos tramitados son el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José con 2.554 asuntos, el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela con 1.935 asuntos y el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Cartago con 1.686 asuntos.
Asimismo, la Supervisora de la Defensa Pública en materia de pensiones alimentarias resaltó los grandes esfuerzos que se realizan desde la jefatura para que se dote a la institución de las 35 plazas que hacen falta para alcanzar la cobertura nacional del servicio, en zonas como Monteverde, Zarcero, Naranjo, entre otros.
En la actividad se habló sobre el impacto positivo de brindar un servicio gratuito, de calidad, que permite que las personas usuarias se sientan acompañadas y respaldadas en el proceso judicial.
La continuidad del servicio se ha dado mediante varias acciones, entre estas: la virtualización del servicio para las zonas con menos acceso como por el ejemplo la localidad de Tarrazú, campañas de divulgación, así como el relanzamiento de la página web institucional, donde las personas usuarias, mediante el formulario para consultas reciben la atención casi inmediata a sus requerimientos.
Estas iniciativas, fortalecen el servicio de justicia y procuran el efectivo acceso a la protección de los derechos de las personas usuarias que acuden a buscar una solución a sus problemas.
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Este martes 19 de enero se presentó el plan de trabajo 2021 que ayudará a mejorar la condición de vida de cientos de mujeres privadas de libertad, esto a través de la “Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad”.
Mediante una audiencia virtual, la Defensa Pública dio a conocer el trabajo que realiza dicha red para mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad, que por su situación de vulnerabilidad enfrentan obstáculos socioeconómicos, educativos y psicológicos para seguir adelante con su familia, una vez concluida la sentencia.
El M.Sc. Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública, reafirmó su compromiso en apoyar y fortalecer el trabajo de esta red que procura la reivindicación de la situación social y económica de las mujeres privadas de libertad, dándoles opciones de superación personal, educativa y laboral que minimice la posibilidad de reincidencia.
“Esta red tiene un impacto social muy importante para coadyuvar a que todas las mujeres que concluyen su sentencia puedan seguir adelante, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad. La naturaleza de este proyecto permite que la persona pueda incorporarse nuevamente a la sociedad y reconstruir sus condiciones de vida con el apoyo de distintas organizaciones. Estamos atentos a las actividades necesarias para impactar positivamente, así mismo a obtener los resultados sobre los beneficios que lograron muchas de nuestras personas usuarias,” mencionó el director de la Defensa Pública.
La Red es integrada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Defensa Pública del Poder Judicial, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Justicia y Paz y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Todas estas instituciones trabajan en conjunto para potenciar las capacidades de las mujeres privadas de libertad y aquellas vinculadas a un proceso penal. Para este año tienen previsto dotarlas de equipo tecnológico para que puedan recibir las capacitaciones en línea, promover alianzas público- privadas que favorezcan la generación de fuentes de empleo, orientación vocacional a las mujeres por parte del INA, cursos de disciplina positiva en CAI Vilma Curling, entre otras acciones previstas.
“Todos los planes contemplados para este año, en las que participa la Defensa Pública, se convierten en oportunidades que impactan la vida de todas las mujeres privadas de libertad, que son también nuestras usuarias. Observamos la necesidad de aportar opciones para mejorar sus condiciones de vida, que les permita ser mujeres fuertes y empoderadas, para que al cumplir la sentencia puedan seguir adelante con sus familias y evitar la reincidencia”, expresó la subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez Pizarro.
Se tiene previsto para este año, evaluar los resultados de los cursos facilitados por el INA y una investigación sobre el perfil de las mujeres con delitos relacionados con las drogas y la maternidad.
Con el apoyo a esta red, la Defensa Pública pretende contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas usuarias, cuyas acciones también repercuten en las familias y comunidades.
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Como parte del compromiso de la Defensa Pública con el acceso a la justicia de las personas indígenas, el pasado 11 de marzo del 2021, el director, M.Sc. Juan Carlos Pérez Murillo y un equipo de trabajo en las diversas materias que atiende la institución, realizaron un conversatorio en la comunidad indígena de Kéköldi, ubicada en la zona de Talamanca, Bribri.
Esta actividad propició un espacio de diálogo para permitir la participación ciudadana de las personas indígenas de la comunidad y así comprender sus necesidades y expectativas frente al sistema judicial.
“Venimos aquí a colaborar, para escucharlos, para establecer un vínculo directo entre la comunidad y la institución que les permita el acceso a la justicia intercultural y brindarles una atención respetuosa de su cosmovisión, de sus costumbres. Nuestro interés es acompañarlos en sus luchas, ofrecer el servicio de la Defensa Pública para que acudiendo a los Tribunales de Justicia, encontremos una solución en tutela de sus derechos fundamentales,” indicó Pérez Murillo.
E l conversatorio se realizó en el salón comunal de la localidad y contó con la participación de personas indígenas, quienes expusieron sus puntos de vista con respecto a los principales problemas de la zona, coincidiendo la mayoría, en la preocupación por las disputas de tierras.
A su vez, los defensores públicos Hilory Hunter, Roberto Montero y la defensora pública Kattia Orellana, de contencioso administrativo, agrario y pensiones alimentarias respectivamente, aprovecharon para divulgar los servicios que brinda la Defensa Pública y cómo accesar a ellos.
Las personas supervisoras Ligia Jiménez, Joselyn Bright y Mario Serrano, se refirieron a la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, la importancia de la atención personalizada y aspectos de participación ciudadana respectivamente, así como a la necesidad de mantener canales directos de comunicación entre las personas del territorio indígena y la Defensa Pública, como una oportunidad para facilitar el acceso a la justicia y contar con propuestas de mejora en la atención de esta población.
En el conversatorio, también se contó con la participación de CONAMAJ, representada por la jueza contravencional de Bribri, Licda. Mandy Avellán Sánchez, quien lidera el proceso del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales de la zona de Bribri.
Se realizó un primer acercamiento en la comunidad de Kéköldi, para explicar qué es una persona facilitadora judicial, cómo se nombra y la importancia que tiene para la comunidad establecer enlaces de colaboración entre las diversas instituciones y así fortalecer el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales como un mecanismo de resolución de conflictos.
La actividad contó con el visto bueno del Comité Territorial Indígena para el abordaje del Covid-19 y de la Asociación de Desarrollo Indígena de Kéköldi. Se respetaron los protocolos sanitarios establecidos.
Al finalizar, se brindaron los números telefónicos y correos electrónicos de las personas participantes, con el fin de establecer medios directos de comunicación en procura de una efectiva tutela de los derechos fundamentales de las personas indígenas.
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Defensa Pública habilita servicio virtual de pensiones alimentarias en Tarrazú
Las personas vecinas de las comunidades de San Marcos de Tarrazú, Dota y León Cortés cuentan ahora con el servicio de asesoría técnica y representación en materia de pensiones alimentarias.
Desde el pasado 15 de diciembre, la Defensa Pública aprovechando las herramientas tecnológicas, habilitó una estación virtual en la zona con el fin de brindar el servicio en materia de pensiones alimentarias, cuya atención no se prestaba anteriormente.
“La apertura del servicio en una zona rural que depende en la mayor medida de la caficultura, donde existe una gran cantidad de personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, permite avanzar hacia un servicio que garantiza un efectivo acceso a la justicia. Esto es un ejemplo de que la virtualidad nos permite innovar y maximizar los recursos de la institución en beneficio de las personas más necesitadas,” expresó Allan Coto Gómez, defensor público de Tarrazú.
La estación virtual permite que las personas usuarias se acerquen a la oficina de la Defensa Pública de la localidad, cuyo personal realiza las gestiones de manera inmediata para contactar a la persona defensora disponible para la atención en ese momento.
Para lograr este servicio, la Defensa Pública en materia de pensiones ejecuta un plan piloto que consiste en un protocolo de atención virtual, el cual permite utilizar personal profesional de la institución de cualquier parte del país para atender en línea a las personas usuarias, de esta forma se pretende maximizar los recursos institucionales y llegar a zonas alejadas donde no existe el servicio.
En la primera semana de atención se interpusieron aproximadamente diez demandas de pensiones alimentarias. Las audiencias se realizarían también de forma virtual con la persona defensora pública asignada al caso.
Las personas usuarias interesadas deben acercarse a las oficinas de la Defensa Pública de Tarrazú de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m, o bien pueden llamar al 2546 4290 para más información.