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Edificio Central: Avenida Segunda, 225m este de la C.C.S.S

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· Abordaje se brinda por la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Con el fin de exponer el trabajo que realiza la Mesa de Diálogo Intersectorial conocida como MEDAI en el seguimiento y prevención de los casos de violencia institucional carcelaria, el pasado 27 de agosto se reunieron las personas integrantes de la Comisión Operativa con las direcciones y jefaturas de seguridad de los centros penales Antonio Bastida de Paz y de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi.
La Comisión Operativa de la MEDAI está integrada por personas representantes de la Defensa Pública, el Ministerio Público, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, el Organismo de Investigación Judicial, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el INAMU y el Ministerio de Justicia y Paz, quienes trabajan por prevenir casos de violencia y tortura en las cárceles de nuestro país.
Además de informar sobre el trabajo realizado desde la Comisión a los directores de estos centros penales, también se reunieron con privados de libertad representantes de cada pabellón, para exponer el trabajo que realiza la Defensa Pública por medio del “Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria” SIRCAIVI e informar sobre las formas y medios de como alertar una violencia institucional.
A las personas privadas de libertad, también se les explicó el seguimiento que se estaría dando desde la MEDAI en cada caso de violencia institucional que sea reportado.
En la reunión participó Jessie Blanco Padilla, Asesora Viceministerial del Ministerio de Justicia y Paz, Cristín Dayana Scott Núñez, Coordinadora de Ejecución del Pena de la Defensa Pública, Flavio Quesada Sánchez, Secretario General del Organismo de Investigación Judicial, Tatiana García Chaves, Fiscala Coordinadora de Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y Carlos Arias Córdoba, Fiscal de Ejecución de la Pena
Este tipo de actividades permiten fortalecer los canales de diálogo entre todas las personas participantes sobre temas de violencia institucional carcelaria y son esfuerzos importantes para reducir la violencia en nuestro país.
Brindar atención legal a las personas que viven en la Isla de Chira, fue el objetivo de la visita realizada este viernes 23 de agosto por parte del personal de la Defensa Pública de Puntarenas.
Como parte de la visita, además de atender aproximadamente 15 consultas legales en materia de pensiones alimentarias, penal, agrario y laboral; también se impartieron charlas sobre el proceso de ejecución de sentencia agraria y sobre los principales cambios en el derecho alimentario a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.
Así mismo, utilizando las facilidades que ofrece la plataforma de Microsoft Teams, se logró comunicar una persona usuaria con el defensor público designado en su causa en la localidad de Puntarenas.
Estos encuentros promueven el acceso a la justicia y la atención de las personas que más lo requieren, llevando los servicios que ofrece la institución de una forma ágil y eficiente a aquellas comunidades de difícil acceso.
La actividad contó con la participación del supervisor regional Randall Pereza Abarca y con la colaboración de la facilitadora judicial Lucrecia Díaz Abarca.
Las personas usuarias resaltaron la importancia de este tipo de visitas que realiza la Defensa Pública, la cual les permite resolver sus consultas legales con abogados y abogadas especialistas.
La Defensa Pública de Costa Rica expuso su experiencia y buenas prácticas en la atención de las personas usuarias indígenas, durante dos encuentros internacionales que se realizaron en Guatemala y México.
Durante el mes de agosto de 2024 se llevaron a cabo los Talleres de Fortalecimiento de Capacidades a Pueblos/Comunidades/Nacionalidades Indígenas, en los que participaron líderes y lideresas de pueblos indígenas de las comunidades de Tzutuhil y Kaqchuiquel de Guatemala; zapotecas, mazatecos, mixtecos, triquis y chontales de México; así como representantes de la Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho, y la M.Sc. Lilly Ching, representante de la OEA.
El primer taller se desarrolló del 16 al 19 de agosto de 2024, en San Pedro La Laguna, Guatemala, con la participación de la subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez Pizarro. El segundo, del 23 al 26 de agosto de 2024, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, con la participación del director, Juan Carlos Pérez Murillo y Laura Arias Guillén, Supervisora Regional a cargo de la atención de personas usuarias indígenas de la Defensa Pública, en ambas actividades.
"Para la Defensa Pública de Costa Rica, este tipo de actividades de intercambio de experiencias son fundamentales porque forman parte del esfuerzo que viene desarrollando la dirección y la subdirección institucional de promoción de la cooperación y especialización en derechos de los pueblos indígenas, cuyo objetivo es visibilizar la especificidad de los pueblos indígenas ante la justicia, la necesidad de construir estrategias de litigio culturalmente respetuosas y diferenciadas, avanzar en el respeto de la cosmovisión y coadyuvar en la comprensión intercultural, como parte del compromiso de la Defensa Pública en la promoción y defensa de los derechos humanos", destacó Laura Arias Guillén, Supervisora Regional a cargo de la atención de personas usuarias indígenas de la Defensa Pública.
El espacio fue propicio para que las autoridades de la Defensa Pública de Costa Rica compartieran los “Lineamientos para la realización de peritajes antropológicos- culturales de procesos judiciales que involucran a personas de pueblos indígenas" y las "Guías para la atención de personas indígenas de la Defensa Pública", elaboradas con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
La importancia de los peritajes en casos de pueblos/nacionalidades indígenas y el procedimiento de presentación de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron otros de los temas abordados durante los encuentros.
Estos espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas surgen de los acuerdos de cooperación internacional que se coordinan dentro del Convenio de Cooperación entre el Poder Judicial de Costa Rica y la Fundación Konrad Adenauer.
Como parte de la atención a las personas usuarias, la Defensa Pública visitó el cantón de Liberia, en Guanacaste, donde realizó una feria de servicios que contó con la asesoría legal en temas como: derechos laborales, pensiones alimentarias, familia, asuntos agrarios, ejecución de la pena, penal, impugnaciones, justicia restaurativa, penal juvenil.
Más de diez personas defensoras públicas atendieron 88 consultas en las diferentes materias. También, se realizó una charla en materia penal juvenil en la cual participaron 25 estudiantes del Colegio Instituto de Guanacaste y del Liceo Laboratorio de Liberia.
Durante la feria de servicios, los representantes de la Defensa Pública atendieron una consulta de una persona usuaria a quien en el lugar se le realizó una demanda de alimentos.
La actividad se realizó con la cooperación de la Asociación Solidarista de Servidores y Servidoras Judiciales (ASOSEJUD) y la Municipalidad de Liberia.
Adicionalmente, contó con la participación de Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ), mediante el programa de “Facilitadores y Facilitadoras Judiciales” y del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.
La Defensa Pública brindará sus servicios en una próxima feria que se realizará el 27 de setiembre del 2024 en la localidad de Sarapiquí.

En un acto de transparencia y de rendición de cuentas, la Defensa Pública presentó el informe de labores correspondiente al periodo 2023-2024 en el sector de Buenos Aires, Puntarenas.
La presentación estuvo a cargo del director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, quien, entre otros temas, destacó las acciones realizadas por la institución en cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Acceso a la Justicia de personas indígenas, y de las medidas cautelares 321-12 establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, detalló el plan de visitas y atención para el segundo semestre del 2024 en los territorios indígenas de Buenos Aires, así como las coordinaciones que se han realizado en beneficio de la población indígena.
“Este encuentro nos ha permitido escuchar las inquietudes y oportunidades de mejora que nos han transmitido las personas indígenas, las cuales esperamos poder implementar a efectos de ajustar el servicio que ofrece la Defensa Pública a la cosmovisión y necesidades propias de los pueblos indígenas” puntualizó Pérez Murillo.
Durante la reunión, también se presentó los avances de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas que lidera la Magistrada Damaris Vargas Vásquez.
La actividad contó con la participación de la supervisora de asuntos indígenas de la Defensa Pública, Laura Arias Guillén, el supervisor regional Germán Brenes Montero, personal de la Defensa Pública de Buenos Aires y personas representantes de los seis territorios indígenas.
Estas acciones fortalecen la participación ciudadana y generan alianzas para mejorar los canales de comunicación y buenas prácticas para la atención de las personas usuarias.