Persona con microfonos

Pese a la pandemia: Defensa Pública garantiza el servicio en la materia alimentaria.

Erick Fernández Masís

Periodista

 

En el marco de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo, la Defensa Pública dio a conocer las acciones ejecutadas para mejorar la calidad de vida de cientos de mujeres usuarias.

 

Esta exposición se dio en el conversatorio virtual denominado “La pandemia que cambió el mundo: Una mirada desde la violencia doméstica, el trabajo y pensiones alimentarias,” que se llevó a cabo el pasado martes 9 de marzo, organizado por la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia y la Comisión de Género del Poder Judicial.

 

La supervisora de la Defensa Pública en Pensiones Alimentarias y Familia, M.Sc.  Sandra Mora Venegas expuso que, pese a la pandemia por la COVID-19, el servicio no se ha interrumpido en ningún momento, contabilizando para el año 2020 un total de 24.146 asuntos ingresados, de los cuales, un total de 22.728 correspondieron a mujeres, lo que representa el 94% de los casos ingresados.

 

Lo anterior, como parte de la competencia que ostenta por ley la Defensa Pública en esta materia, tal y como lo dispone el artículo 13, Asistencia legal del Estado, de la Ley de Pensiones Alimentarias, el cual señala: “Con el fin de hacer valer los derechos aquí consignados, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la suministre gratuitamente. Para este efecto, el Poder Judicial creará una sección especializada dentro del Departamento de Defensores Públicos”.

 

Los despachos con los mayores números de casos tramitados son el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José con 2.554 asuntos, el Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela con 1.935 asuntos y el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Cartago con 1.686 asuntos.

 

Asimismo, la Supervisora de la Defensa Pública en materia de pensiones alimentarias resaltó los grandes esfuerzos que se realizan desde la jefatura para que se dote a la institución de las 35 plazas que hacen falta para alcanzar la cobertura nacional del servicio, en zonas como Monteverde, Zarcero, Naranjo, entre otros.

 

En la actividad se habló sobre el impacto positivo de brindar un servicio gratuito, de calidad, que permite que las personas usuarias se sientan acompañadas y respaldadas en el proceso judicial.

 

La continuidad del servicio se ha dado mediante varias acciones, entre estas: la virtualización del servicio para las zonas con menos acceso como por el ejemplo la localidad de Tarrazú, campañas de divulgación, así como el relanzamiento de la página web institucional, donde las personas usuarias, mediante el formulario para consultas reciben la atención casi inmediata a sus requerimientos.

 

Estas iniciativas, fortalecen el servicio de justicia y procuran el efectivo acceso a la protección de los derechos de las personas usuarias que acuden a buscar una solución a sus problemas.

 

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