Defensa Pública anuncia la entrada en operación del SIRCAIVI

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Creado: Lunes, 07 Febrero 2022 17:30

Publicado: Lunes, 07 Febrero 2022 17:30

La Defensa Pública en conjunto con EUROsociAL creo un sistema para dar una respuesta adecuada a los hechos de tortura y otras formas de violencia institucional en las cárceles de nuestro país.

Se trata del Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) que plasma una estructura para que las personas víctimas puedan denunciar dichos casos y que además el Poder Judicial proceda a investigar y sancionar a las personas funcionarias públicas responsables de dichos actos.

 Para el 31 de enero, 01 y 02 de febrero se dio el lanzamiento y las primeras capacitaciones sobre la aplicación de los lineamientos establecidos dirigidas al personal de la Defensa Pública, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Organismo de Investigación Judicial, entre otros. 

De acuerdo con la investigación realizada por EUROsociAL para el levantamiento de este proyecto, el sistema penitenciario costarricense ha vivido un aumento sostenido de población privada de la libertad. 

Por ello, en sus visitas a los espacios de privación de la libertad, la Defensa Pública de Costa Rica, ha señalado que la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, en sí mismos, son una forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, el encierro en estas condiciones provoca, entre otros: autogobierno de la cárcel, dificultad de satisfacción de necesidades básicas, limitación de acceso a servicios de salud, imposibilidad de las autoridades penitenciarias para el desarrollo de programas y proyectos de inserción, condiciones de salubridad complejas, aspectos que evidencian la necesidad de este sistema de registro. 

En este contexto, SIRCAIVI viene a incentivar una labor de monitoreo, formas de abordaje, levantamiento estadístico de casos, seguimiento e investigación de los hechos vinculados a violencia institucional y tortura. De esta forma se pretende dar respuesta oportuna y efectiva a las denuncias de las personas víctimas y sus familiares, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad.

Además, la   Defensa Pública  destaca  los proyectos más importantes que han permitido mejorar el servicio público:

Defensa Pública Abierta

Durante el año 2021 la Defensa Pública logró la aprobación del Modelo de Defensa Pública Abierta, la cual generará un cambio de paradigma en el modelo de gestión, avanzando en temas de transparencia institucional, mediante el acercamiento con las personas usuarias y la sociedad civil en general.

El modelo de Defensa Pública Abierta, es un proyecto que se trabaja en conjunto con el programa EUROsociAL Plus de la Unión Europea y de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ). Se prevé ser una institución referente a nivel internacional en aplicar este modelo.

La iniciativa incorporará en el servicio público una serie de acciones y compromisos para que las personas usuarias reciban respuestas razonables en los plazos esperados, a través de la simplificación de procesos y en aquellos casos que así lo ameriten el desplazamiento del servicio hasta las comunidades que lo requieran.

Los compromisos asumidos se vinculan a datos abiertos y rendición de cuentas, lenguaje claro y comunicación inclusiva, mecanismos de participación abierta en la Defensa Pública, prestación del servicio con valor público.

Además, prevé la construcción de enlaces interinstitucionales para brindar oportunidades de trabajo comunal, educación, entre otros.

En la construcción del modelo, se realizaron talleres participativos donde participaron organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado vinculadas con la Defensa Pública y otros despachos del Poder Judicial.

Protocolo de cobro de honorarios y costas en la Defensa Pública
La Defensa Pública brinda servicios en diversas materias para garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables de este país, sin embargo, cuando se comprueba que la persona usuaria tiene recursos económicos se gestiona el cobro de honorarios o bien el cobro de costas en la contraparte procesal, cuando se logre una resolución favorable.

El protocolo permite establecer los lineamientos para que las personas defensoras públicas puedan proceder a cobrar honorarios o costas en los casos que procedan. Fue aprobado por acuerdo del Consejo Superior en la sesión 63-2021 celebrada el 27 de julio del 2021.

Los recursos que ingresan por dichos rubros son destinados de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial para adquirir bienes y servicios tendientes a mejorar el servicio de la Defensa Pública.

Por ejemplo, en materia laboral se indica que los recursos son destinados al fortalecimiento de la sección especializada del departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, para la universalización de su cobertura en todo el territorio nacional y para el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos de la materia.

Tras la aprobación de este protocolo, se iniciaron las capacitaciones para reforzar el conocimiento en estos temas en el personal de la Defensa Pública.

Protocolo para la atención y el abordaje de las personas adultas mayores usuarias de los servicios del Poder Judicial.

El protocolo tiene por objeto regular y normar la actuación de las diversas instancias judiciales, frente a la demanda de asistencia jurídica proveniente de la población adulta mayor, a fin de otorgar una prestación eficiente y de calidad, capaz de responder a las especiales necesidades y características de este grupo poblacional, vulnerable, potenciando su acceso igualitario a la justicia y el ejercicio positivo de sus derechos.

La Defensa Pública participó durante el 2021 en la creación de este protocolo dentro de su participación en la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población de Personas Adultas Mayores del Poder Judicial.

El protocolo promueve la atención prioritaria de los casos donde la persona usuaria sea persona adulta mayor con el fin de que las respuestas se den lo más rápido posible, velando por el respeto de los derechos, características y necesidades especiales de estas personas.

Lineamientos para garantizar el Acceso a la Justicia a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Refugio, Refugiados y Apátridas, con especial atención en los no acompañados o separados.

La iniciativa pretende guiar al personal judicial para la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes migrantes, solicitantes de refugio, refugiados y apátridas, con especial atención en los no acompañados o separados.

La Defensa Pública trabajo en los talleres que permitieron la construcción de los lineamientos dentro de las acciones que emprendió la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial.

Para la institución este tipo de lineamientos son fundamentales para que se adecue la atención, las medidas procesales, administrativas y se desarrollen acciones de sensibilización que proteja el derecho humano de acceso a la justicia de esta población.