Persona con microfonos

Defensa Pública ejecutó acciones en pro de los derechos de las personas privadas de libertad

Con el proyecto denominado “Mejora integral en la prestación de los servicios que brinda la Defensa Pública a la población privada de la libertad sentenciada” la Defensa Pública logró atender 4.138 personas privadas de libertad en los meses de noviembre y diciembre del 2022.

Dicho proyecto fue autorizado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 92-2022 celebrada el 25 de octubre del 2022, por lo que se destinaron 10 plazas de persona defensora pública, que permitió el reforzamiento de las oficinas de Liberia, Alajuela, Limón, Pococí, Pérez Zeledón, Cartago y Puntarenas.  

Para la Dirección de la Defensa Pública, este proyecto fue fundamental para resguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios del país ante el aumento de la demanda en el servicio de ejecución de la pena que existen en todas las cárceles del país.

“La Defensa Pública, como institución garante de los derechos humanos de las personas en diversas condiciones de vulnerabilidad, generó este proyecto que favoreció la atención de una importante cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad, como resultado de ello, se atendieron múltiples consultas que derivaron en gestiones ante las autoridades administrativas y judiciales” puntualizó Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública.

Se presentaron 1.042 incidentes nuevos ante los diferentes juzgados de ejecución de la pena, vinculados con la libertad condicional, incidentes de queja por temas de salud y valoraciones en la ejecución de las sanciones que se encuentran en cumplimiento.

Así mismo, se realizaron 1.300 gestiones administrativas enviadas a los centros penitenciarios y 77 estudios de revisión de sentencia enviados a la Unidad de Impugnaciones de la Defensa Pública.

“Debemos tener en cuenta que esta población tiene como derecho fundamental ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral, destacando con estas atenciones el derecho al debido proceso legal y sus principios y garantías constitucionales, en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad” mencionó Cristín Scott Núñez, coordinadora técnica en materia de ejecución de la pena de la Defensa Pública.

 

Las personas defensoras públicas de la Unidad de Ejecución de la Pena, darán continuidad a las solicitudes presentadas en los distintos ámbitos con el fin de llevar una respuesta pronta las personas privadas de libertad y garantizar el respeto a sus derechos.

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