Persona con microfonos

Estaciones virtuales son reflejo de nuevas formas de acceso a la justicia en Latinoamérica

Las estaciones virtuales promovidas por la Defensa Pública de Costa Rica fue uno de los proyectos destacados para impulsar nuevas formas de acceso a los servicios ante las distintas defensorías públicas de Latinoamérica.

Así lo destacó el coordinador general de las defensorías públicas de AIDEF y director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo en la Conferencia Internacional: El rol de la Defensa Pública en Latinoamérica, realizada el pasado 7 de marzo, una actividad organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.

"Las defensorías de América Latina y el Caribe se enfrentan al reto de buscar nuevas formas de acceso a la justicia que permita ir al ritmo de un mundo globalizado, ejemplo de esto, son iniciativas como la de Costa Rica, en el tema de las estaciones virtuales que facilitan brindar el servicio de defensa pública en lugares que por sus distancias no se llegaba anteriormente, lo que se traduce en ahorro de recursos no solo para las propias defensorías sino también para las personas usuarias, que en su mayoría se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad", resaltó Pérez Murillo.

También instó por nuevas formas de divulgar los servicios de las distintas defensorías públicas, que permitan llegar a nuevos lugares y poblaciones, destacando las páginas web, de forma tal que las personas usuarias puedan encontrar una guía clara de la forma de acceder a los servicios de las instituciones.

Otros aspectos mencionados fueron: la cooperación, el intercambio de experiencias las buenas prácticas y las Defensorías Públicas Abiertas, como un modelo que se desarrolla desde Costa Rica a partir de los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración.

Actualmente el principal objetivo de las Defensas Públicas en América Latina, es asegurar que las personas que recurren a ellas tengan acceso a la justicia no solo para su ingreso al sistema judicial, sino a lo largo de todo el proceso, con independencia de su condición socioeconómica, como una manera de garantizar el derecho de defensa, de acuerdo con el numeral 8.2 d) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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