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Defensa Pública continúa fortaleciendo el servicio que brinda en los territorios indígenas

  • Durante 2023 y 2024 se han realizado talleres en diversos territorios del país.

 

En la búsqueda de garantizar el adecuado acceso al servicio de Administración de Justicia para las diferentes poblaciones indígenas del país, la Defensa Pública del Poder Judicial de Costa Rica ha realizado una serie de visitas a los 24 territorios indígenas de nuestro   país.

Según indicó Laura Arias Guillén, supervisora de atención a personas indígenas de la Defensa Pública, el objetivo de este trabajo es generar espacios de retroalimentación sobre la garantía de acceso a la justicia que se debe brindar a los pueblos indígenas de Costa Rica, con el fin de fortalecer las capacidades de las personas participantes e identificar las  principales costumbres, tradiciones y conceptos normativos del pueblo indígena susceptible de ser conocido por el sistema de justicia no indígena.

De esta forma, desde el año 2022, se desarrollan una serie de talleres en las comunidades indígenas, en donde se han definido los mecanismos de visita a los territorios, los espacios para la realización de los encuentros, el intercambio de demandas y necesidades, así como la construcción de canales de diálogo con las personas líderes de estos grupos poblacionales y los diferentes grupos organizados.

Mediante estos talleres y con la aprobación de las comunidades y las autoridades locales, se pretende definir los mecanismos de prestación de servicio, por ejemplo, todos los territorios tutelados por las Medidas Cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuentan con un cronograma de visitas y atención en las localidades, con horarios definidos, en el contexto del principio de autonomía que cubren a los pueblos indígenas conforme lo dispone el Convenio 169 de la OIT.

Es importante resaltar, que, en estos talleres, se han incorporado centros educativos y grupos organizados de mujeres, como parte de la labor en la garantía de acceso igualitario a la justicia.

Para el año anterior, se desarrollaron talleres en los siguientes territorios indígenas: Grano de Oro, Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, Boruca, China Kichá, Rey Curré, Tayní, Nairi Awari, La Casona, Malecu, Alto Conte Ujarrás, Salitre y Térraba, además de un encuentro con la población Ngäbe asentada en Tarrazú, así como la transfronteriza Ngäbe Buglé, que trabaja en la recolección de café en las fincas de la localidad.

Mientras que para este 2024, la Dirección de la Defensa Pública, ha desarrollado talleres con los territorios indígenas de Talamanca Bribri y Cabécar, Alto Carona y Alto Guaymí, las comunidades de Alto Conte, Progreso, Altamira, Vista de Mar y Alto Buriquí, atendiendo a más de 230 personas indígenas.

Estas visitas han incrementado los datos estadísticos en la atención de esta población, se resalta que se reporta patrocinio letrado en las siguientes materias: 42% en materia penal, 18%en pensiones alimentarias, 12% en materia agraria, 12% en materia de familia, 6%  penalización de violencia contra la mujer, 2% materia laboral, 2,7% en violencia doméstica, 1,7% en materia contencioso administrativo, 0,91% en materia contravencional y 0,64% en ejecución de la pena (Fuente Unidad de Datos, Defensa Pública, octubre 2023).

“El trabajo en los territorios indígenas materializa el derecho de acceso a la justicia a través de un litigio con una mirada respetuosa de la diversidad cultural de nuestro país, es un acercamiento que desde la Defensa Pública permite el intercambio de saberes, la construcción de espacios de reflexión sobre el servicio” señaló el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, Murillo.

Defensa Pública y Juzgado de Familia de Golfito realizan diligencia judicial en territorio indígena

 

 En respeto de los derechos de los pueblos indígenas y conforme a su cosmovisión, se llevó a cabo una audiencia de conciliación y recepción de prueba de un proceso de familia en el territorio indígena Conte Burica.

Este martes 5 de marzo, en horas de la mañana, se realizó la diligencia para la cual las personas funcionarias del Juzgado de Familia de Golfito, así como defensoras públicas de Golfito y Corredores, se trasladaron hasta la comunidad Alto Buriquí, ubicada a una distancia de aproximadamente cuatro horas de viaje de ida y regreso.

La diligencia se llevó a cabo en la Escuela de Mariaribta, contó con personas intérpretes en idioma gnöbere y las dos partes, actora y demandada, son representadas por la Defensa Pública de Golfito y de Corredores sucesivamente, dado que por el artículo 7 de la Ley. . . . de Acceso a la Justicia*, la Defensa Pública fue encomendada para brindar asistencia y representación legal a las personas indígenas en todos los procesos judiciales.

 Realizar las diligencias en los territorios, refuerza el compromiso que tiene la Defensa Pública con los pueblos indígenas y permite que la resolución de sus conflictos se dé en un ambiente propio de su cultura y cosmovisión.

 

 

 

 

 

 

*ARTÍCULO 7- Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita.

El Poder Judicial deberá asumir el costo de las pruebas y las pericias requeridas en un proceso judicial, cuando la persona indígena no tenga medios para hacerlo por su cuenta.

Para tal efecto, las universidades estatales deberán dar colaboración especializada y gratuita al Poder Judicial, a fin de tener un listado de personas idóneas que puedan elaborar esos peritajes culturales. El presupuesto que se apruebe a dichas instituciones deberá contener un rubro expreso para cubrir los costos de la citada colaboración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensa Pública impacta a ciudadanía con representación legal en procesos judiciales sensibles

  • Alta demanda de servicios en procesos penales, pensiones alimentarias y laboral.
  • Llevan atención hasta las comunidades desde estaciones virtuales, atención in situ y ferias de servicio.

 

“Cada día se evidencia más la necesidad de la población costarricense de contar con los servicios de la Defensa Pública, hay una línea ascendente continua, que año a año, incrementa los asuntos ingresados donde se brinda representación legal”, destacó Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, durante la entrega del informe de labores 2023  de este órgano auxiliar de justicia.

Un total de 118 130 casos se atendieron a noviembre del 2023,  por parte del personal de las 44 oficinas de la Defensa Pública, establecidas en todo el país y con una resolución de 90 653 asuntos, que representa un incremento del 4% con respecto al 2022.

El llevar los servicios de la Defensa a las comunidades es una prioridad para la entidad y con la creación de Estaciones Virtuales, se garantiza a las personas usuarias la atención, sin requerir trasladarse hasta los despachos judiciales y principalmente, en aquellas zonas donde no se cuenta con oficinas judiciales.

Las siete Ferias de Servicio que se desarrollaron durante el 2023, permitió la atención de 1 035 personas usuarias, las cuales permiten evacuar consultas de las personas sobre sus derechos y gestionar procesos judiciales competencia de la Defensa Pública.

Los procesos penales, de pensiones alimentarias y laborales concentran el mayor trabajo de los defensores y las defensoras públicas, pero su labor se proyecta también a las materias de ejecución de la pena, penalización de la violencia, agrario y población indígena.

Solo en la materia de pensiones alimentarias, la Defensa Pública tiene una participación en el 84% de los procesos judiciales que se presentan en todo el país, cuyos datos permiten identificar las zonas con mayor demanda de servicios de representación legal, pero también registran un alto índice de resolución por la vía conciliatoria, lo que favorece a dar una resolución expedita al conflicto.

A esta labor se suman las 260 capacitaciones en centros educativos del país, que impactaron el desarrollo de 10 400 jóvenes; las 1 596 acciones in situ en la tramitación de los procesos agrarios; así como el acercamiento con las poblaciones indígenas del país, con las que llevó el servicio de la Defensa Pública a 3 216 personas usuarias.

“La Defensa Pública ha hecho una ejecución presupuestaria de un 97,22% de los recursos asignados y esto denota el compromiso que tenemos en el aprovechamiento de los recursos que se nos asignan, para ofrecer nuestros servicios”, destacó el Director de la Defensa Pública.

 

Defensa Pública profundiza en el estudio del derecho laboral nacional

 

Ya está disponible la 2da Edición de la Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Defensa Pública.

Un amplio recorrido por el derecho laboral comparado, el acceso  a la justicia y temas específicos como el despido y el salario mínimo, son parte de los textos que se ofrecen en la segunda edición de la Revista Digital de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Defensa Pública.

En total se presenta el análisis jurídico de seis autoras y autores, quienes desde el desempeño de sus funciones y la aplicación del derecho laboral, hacen un destacado abordaje de la materia en cada artículo.

Otros temas que se abordan son el principio de la intangibilidad salarial, el derecho procesal laboral y el proceso de consignación de prestaciones de personas trabajadoras fallecidas.

Usted puede consultar esta segunda edición, publicada el 21 de marzo de 2024,  haciendo clic en: REVISTA_DEFENSA_PUBLICA__2DA_ED.pdf

Para las personas profesionales en derecho interesadas en brindar su aporte jurídico en la revista digital de la Defensa Pública, ya se encuentra abierta la recepción de los artículos para la tercera edición, pueden consultar los lineamientos y remitir los aportes, antes del 16 de junio de 2024, al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

La publicación de la “Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social”, contó con el apoyo de FUNPADEM, en el marco del proyecto "Implementando una Cultura de Cumplimiento Laboral en el Sector Agroexportador de Costa Rica y Honduras", auspiciado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos.

Defensa Pública inicia fuerte propuesta de capacitación para mejora y eficiencia de la representación legal

  • Presentan “Manual para personas defensoras públicas en materia de pensiones alimentarias y familia”, en el marco de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.

 

La representación legal que brinda la Defensa Pública en materia de pensiones alimentarias y familia, tendrá una atención especial dentro del plan de capacitación 2024, ante el reto de las defensoras y defensores públicos de aplicar la nuevas normas legales del Código Procesal de Familia, que entrará a regir en el mes de octubre del presente año.

 

La Apertura del Año Académico 2024 de la Defensa Pública tuvo lugar este miércoles 21 de febrero, donde se destacó una oferta de 76 cursos distribuidos en los cinco programas: Nivelación, Formación Inicial, Actualización (personas defensoras públicas, técnicas jurídicas, investigadoras y administrativas), Especialización (Penal, Laboral, Agrario, Disciplinario, Pensiones Alimentarias), Ejes transversales y proyectos especiales.

 

El espacio fue propicio para la presentación del “Manual para personas defensoras públicas en materia de pensiones alimentarias y familia”, que se constituye en una guía para el personal de la Defensa, en el marco de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. Dicho manual puede consultarlo en la página web de la Defensa Pública o ingrese al enlace: https://defensapublica.poderjudicial.go.cr/index.php/component/phocadownload/category/130-manuales

 

“Los recursos que se inviertan en la capacitación, se verán reflejados en las mejores y más eficientes gestiones judiciales en favor de las personas usuarias que representamos desde la Defensa Pública.  El reto para el 2024 es la efectiva implementación de la norma procesal de familia”, destacó Yendry Portuguez Pizarro, subdirectora de la Defensa Pública.

 

La construcción del manual estuvo a cargo de Paola Amey Gómez, defensora pública, quien destacó que este producto estructura el trabajo que deberá emprender la Defensa en la atención de la materia de pensiones y familia. 

 

“Lleva de la mano a la persona defensora pública por un A, B, C del nuevo Código y explica a qué poblaciones atendemos y lo que significa brindar ese patrocinio letrado, qué destrezas se deben tener, esa capacidad de poder conciliar desde soluciones armónicas y lograr el mejor interés de las personas usuarias”, puntualizó Amey Gómez.

 

El plan de capacitación 2024 de la Defensa Pública contempló una exhaustiva evaluación de necesidades, colaboración interdisciplinaria y compromiso con la mejora continua y procura fortalecer la competencia en áreas claves como la argumentación jurídica, el razonamiento probatorio, la habilidad recursiva, la técnica de interrogatorio, y aspectos interdisciplinarios en la labor forense, como la aplicación de las ciencias forenses en nuestras labores.