Persona en auditorio

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“Garantizar que cada persona sin importar su condición pueda acceder a una defensa justa y digna”

  • Realizan décimo congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)
  • Costa Rica fue el país anfitrión por segunda vez consecutiva. 

Con la finalidad de fortalecer la coordinación y cooperación de las Defensorías Públicas de la región latinoamericana, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Defensa Pública de Costa Rica y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica organizaron un encuentro donde participaron de manera presencial y virtual personas defensoras públicas de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Costa Rica, país anfitrión del congreso.

Se contó con la intervención de la Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez y el Coordinador General de la AIDEF y director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, quienes expresaron unas palabras al inicio del acto protocolario de la actividad.

“Honro el trabajo de las personas defensoras públicas que día a día hacen un mejor Poder Judicial, ya que con su incansable labor representan uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho de Costa Rica, pues en una democracia plena, el acceso a la justicia no es un privilegio, sino un derecho que garantiza la equidad, inclusión y la dignidad humana, brindando protección y defensa a quienes más lo necesitan, y aseguran que la balanza de la justicia no se incline únicamente hacia los sectores más favorecidos, sino que se equilibre para todos y todas, especialmente para aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, o son vulnerabilizados”, manifestó Damaris Vargas, Vicepresidenta de la Corte.

Por su parte, Juan Carlos Pérez manifestó su orgullo de que Costa Rica fuera por segundo año consecutivo la sede de este importante encuentro e instó a seguir luchando por los derechos de los grupos más vulnerables: “Como Defensorías Públicas debemos luchar en cada uno de nuestros países para garantizar los derechos humanos de la población que se encuentra en condición y  situación de vulnerabilidad, sobre todo en una época en la cual nos enfrentamos al fenómeno de la cada vez más frecuente aprobación de leyes con endurecimiento de penas a niveles desproporcionales, con el consecuente efecto no solo a nivel del sistema de penitenciario, sino también a nivel nacional”.

Se contó con la exposición de Guillermo Alberto Padilla Rubiano, asesor étnico del Ministerio de Cultura de Colombia y Miguel Barboza López, representante para Sudamérica del Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) de Londres y coordinador de proyectos y del grupo Prújula e investigador senior del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica con sede en Bogotá, Colombia. 

Los temas tratados fueron pluralismo jurídico, diversidad jurídica, garantía del debido proceso para los pueblos indígenas, acceso a la justicia para los pueblos indígenas y en condición de vulnerabilidad, principios de los derechos humanos, participación de los pueblos en los proyectos de un país, decisiones judiciales en materia de reparación, respeto de las empresas por los derechos humanos y los principios rectores, responsabilidad jurídica de las empresas, entre otros.

Durante la actividad, se organizó una mesa redonda denominada: “Personas en contexto de movilidad humana” donde participaron panelistas como: Hernán de Llanos, defensor público oficial de Argentina, Joao Chaves, defensor público federal, coordinador del área de Migraciones y Refugio de la Defensoría Pública de la Unión de São Paulo, Brasil y Andrés Eduardo Celis Neira, representante de ACNUR, quienes expusieron sobre el tema. 

Adicionalmente, se desarrolló la presentación del “Informe temático de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre mujeres privadas de libertad en las Américas”, a cargo de Romina Otero, especialista de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, documento que refleja claramente la situación carcelaria que viven las mujeres.

Cabe mencionar que, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), es una asociación de defensorías públicas entre cuyos objetivos principales, se encuentra defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe. 

Esta actividad, se realizó en las instalaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y fue transmitida por el Facebook live de la Defensa Pública de Costa Rica y por medio de la plataforma de Microsoft Teams. 

Defensa Pública lidera proyecto para fortalecer acceso a la justicia de la población afrodescendiente

  • Firma convenio para proyecto AFROJUSTICIA con la Cooperación Española y la Fundación UCR.

Construir acciones afirmativas para un efectivo acceso a la justicia de la población afrodescendiente del país, es el trabajo que emprenderá la Defensa Pública en el proyecto AFROJUSTICIA.

La Defensa Pública liderará el proyecto, que contará con la cooperación financiera de la AECID (Agencia Española de Cooperación) y la gestión administrativa de la Fundación UCR.

El objetivo de AFROJUSTICIA es impulsar acciones afirmativas en la Administración de Justicia, con enfoque de diversidad cultural, étnico-racial y de género, para asegurar el acceso a la justicia para las personas afrodescendientes en Costa Rica, tomando en consideración sus necesidades particulares, así como las desigualdades y brechas existentes en los ámbitos social, cultural, político, económico y ambiental.

“Para la Defensa Pública, la firma del convenio AFROJUSTICIA con la Fundación UCR y el apoyo de la cooperación española es el inicio del reconocimiento de las características diferenciadas, de una población altamente importante para la institución, como lo son las personas afrodescendientes”, afirmó la subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez Pizarro.

La Embajadora del Reino de España, Eva Felicia Martínez Sánchez señaló que “nos sentimos satisfechos de haber firmado el proyecto de acceso a la justicia de la comunidad afrodescendiente en Costa Rica.  Ese derecho a la justicia está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hay comunidades en diferentes países que por diferentes circunstancias no hay podido ejercerlo como se debiera.  La Cooperación Española quiere contribuir a que esto sea posible y tenemos un socio que es la Defensa Pública del Poder Judicial, con la que esperamos ejecutar este programa muy pronto y que sea una semilla de transformación en Costa Rica.”

AFROJUSTICIA contemplará un proceso investigativo multidisciplinario, la realización de un diagnóstico de necesidades para el fortalecimiento de capacidades humanas en los temas de interés para la población afrodescendiente y que se dirigirá a sus comunidades, a la población judicial y las personas facilitadoras judiciales. Así como, visibilizar ante la ciudadanía las acciones afirmativas, de información y buenas prácticas, que se estén desarrollando, para asegurar el acceso a la justicia de esta población en nuestro país, que permita contribuir a generar un cambio cultural.

“Agradecemos a la Defensa Pública y la Cooperación Española la confianza de entregarnos la gestión administrativa y financiera del proyecto, que tendrá un impacto muy grande a nivel nacional”, puntualizó el coordinador de la Fundación UCR, José Alberto Moya Segura.

Personas usuarias en Sarapiquí evacuaron sus consultas en la Feria de Servicios de la Defensa Pública

  • Un total de 101 personas se atendieron de manera presencial y virtual.

 

Una importante afluencia de personas recibió asistencia legal en la Feria de Servicios que realizó la Defensa Pública en Puerto Viejo de Sarapiquí.

El pasado 27 de setiembre 2024, el personal de la Defensa Pública se hizo presente en la parada de buses de esta localidad, para que las personas pudieran acercarse y conocer sobre los servicios judiciales que se brindan, así como evacuar consultas en diversas materias que son competencia de este órgano auxiliar de justicia.

Un total de 101 personas de la comunidad participaron de esta actividad, esto llevó a requerir la colaboración de la Defensa Pública Laboral de San José, que mediante la modalidad virtual también atendió al público presente, lo que permitió que la persona defensora pública de asistencia social que brindó la atención de manera presencial tuviese la oportunidad de realizar el planteamiento de dos demandas laborales en el sitio.

"La finalidad de este tipo de actividades es permitirles a las poblaciones más vulnerables acceder a la justicia de manera más ágil y oportuna, sin las formalidades que implica la atención en los edificios judiciales. La cantidad de personas atendidas demuestra la necesidad que tiene la población de la zona de contar con asesoría legal en distintas materias, especialmente en temas laborales, agrarios y de pensiones alimentarias, por ello la institución espera seguir brindando estos espacios de diálogo con la comunidad, a efectos de fortalecer el servicio público que brindamos", destacó Fanny Badilla Sánchez, coordinadora de la Defensa Pública de Sarapiquí.

Durante este año, la Defensa Pública ya contabiliza 7 Ferias de Servicio, las cuales se realizaron en Cañas, Nicoya, Liberia, Alajuela, Pital, San José, logrando con este proyecto la atención de 861 personas.

 

 

 

Las personas se acercaron para realizar consultas en las diversas materias.

 

 

 

 

Costa Rica dirige reunión anual de Defensorías Públicas de Latinoamérica

Mejorar los sistemas de defensa de derechos humanos y la cooperación interinstitucional en la Región Latinoamérica, fueron temas que reunieron, este 23 de octubre de 2024, en Costa Rica, a representantes de 15 países integrantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

Bajo el liderazgo de la Defensa Pública de Costa Rica, como coordinadora de este órgano internacional, se desarrolló la reunión anual, que contó con participación de las delegaciones de forma presencial y virtual.

Para el Director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la AIDEF, “esta reunión permite someter a discusión problemáticas comunes de las defensorías de la región y ejecutar acciones comunes que permitan trabajar en el fortalecimiento del servicio que se brinda mediante la coordinación y cooperación internacional para defender la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas usuarias” 

Durante la reunión también se discutieron los procesos de capacitación que son vitales para fortalecer el desempeño en sus labores y el intercambio de experiencias en el manejo de procesos en materia de defensa de derechos humanos.

Además, se presentó el documento: “Recomendaciones y prácticas para la defensa con enfoque de género de mujeres criminalizadas por delitos menores de drogas”, construido en el marco de las actividades realizadas por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD III) y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)

La actividad tuvo lugar en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

La AIDEF es una asociación que reúne a representantes de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, con el objetivo común de defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y se constituye en un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucionales entre los organismos que la integran.

Un tema focal es la promoción de la independencia y autonomía funcional del instituto de la Defensa Pública dentro de los países latinoamericanos miembros, para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.

 

Más de 6.700 asuntos nuevos atendió la Defensa Pública en la Zona Atlántica entre enero y setiembre de 2024

  • Presentan informe de Rendición de Cuentas en Casa de la Cultura, Pococí
  • Circulante activo al 1 de octubre de 2024, es de 17 551 expedientes en materia penal, penal juvenil, pensiones alimentarias, agrario y ejecución de la pena, en la Región Atlántica. 

La labor emprendida durante este 2024, por las oficinas de la Defensa Pública en Pococí, Siquirres, Bataan, Limón y Bribrí, se dio a conocer el pasado 1 de octubre de 2024, durante la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.

El acto se realizó en la Casa de la Cultura ubicada en Pococí, para exponer el impacto del trabajo que realizan las oficinas de la Defensa Pública en la Zona Atlántica. 

“Estamos emprendiendo esfuerzos para generar procesos de retroalimentación y co creación con las comunidades, a efectos de fortalecer el servicio público y entender las necesidades reales de la población de la zona. Esta rendición de cuentas tuvo un taller previo para establecer cuál es la información institucional que le interesa a la población conocer, ya que queremos motivar a la ciudadanía a participar de este tipo de actividades y brindar sus observaciones, siempre en procura de construir instituciones confiables y accesibles a la población costarricense” indicó la supervisora regional de la zona, Laura Arias Guillén.

Un total de 6.723 casos nuevos se atendieron, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de setiembre del 2024.  Igualmente, 6.424 asuntos se terminaron; alcanzando con ello un total de 8.026 audiencias realizadas y 2.967 asistencias legales en juicio.

Actualmente, se mantiene un circulante de expedientes activos de 17 551 casos en las materias: penal, penal juvenil, pensiones alimentarias, agrario y ejecución de la pena.  Solo en la materia laboral se contabilizan un total de 3.771 casos en trámite.

“Para las Defensas Públicas destacadas en la provincia de Limón, durante este año, fue vital el fortalecimiento de la estación virtual de Tortuguero, que permite brindar los servicios bajo esta modalidad, sin que las personas usuarias deban trasladarse hasta los despachos judiciales. Esta modalidad es muy efectiva para las personas que viven en lugares lejanos. En estos momentos ya se trabaja en la instalación de una estación virtual en el territorio indígena de Nairi Awari”, indicó Arias Guillén.

Los datos se dieron a conocer ante personas integrantes de la sociedad civil, instituciones públicas de la provincia limonense y personas funcionarias judiciales de distintos despachos judiciales.

El espacio fue propicio para exponer los proyectos e iniciativas en los que trabaja la Defensa Pública de la provincia, para mejorar el servicio público y beneficiar con ello a las personas usuarias, como lo son las 25 charlas impartidas en los centros educativos de la Región Atlántica, que impactaron de forma positiva en 1.500 personas menores de edad, a quienes se les brindó conocimientos sobre la materia penal juvenil. 

A esto se suma el plan de visitas a territorios indígenas, que durante este 2024 cubrió los territorios de Nairi Awari, Tayní, Talamanca Bribri y Cabécar; así como la atención a la población Ngäbe transfronteriza.  Estas visitas se realizaron tras una coordinación previa con las autoridades indígenas de cada población.  Además, la Dirección de la Defensa Pública desarrolló cuatro talleres informativos en las zonas. 

En Limón centro y Río Banano se llevaron charlas sobre la prevención de la violencia, que se coordinaron con el INAMU.  Estas actividades también se dirigieron a la población privada de libertad y sus familiares, en los Centros de Atención Integral Garvey y Pococí, con el apoyo de las autoridades penitenciaras. 

La actualización del personal de la Defensa Pública también fue una prioridad en ejes temáticos como derecho agrario, acceso a la justicia para personas afrodescendientes, abordaje antropológico y acceso a la justicia de pueblos indígenas y el tema sobre impugnaciones.

También se destacó el proyecto “Afrojusticia: Una oportunidad para asegurar el acceso a la justicia de las personas afrodescendientes en Costa Rica”, el cual se construye con la cooperación internacional de AECID y está a cargo de la Defensa Pública, que procura impulsar acciones afirmativas en la Administración de Justicia, con enfoque de diversidad cultural, étnico-racial y de género, para asegurar el acceso a la justicia para las personas afrodescendientes en Costa Rica.

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