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Defensa Pública rinde informe en Pensiones Alimentarias

  • Para el año 2022 atendió a más de 30 mil personas en situación de vulnerabilidad que requirieron algún proceso legal en pensiones alimentarias.

Este martes 14 de marzo, el director de la Defensa Pública presentó un informe ante la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia del Poder Judicial sobre el impacto que han tenido las plazas de pensiones alimentarias aprobadas para el 2022.

Dichas plazas fueron destinadas para cubrir las necesidades de atención legal en materia de pensiones alimentarias de personas en situación de vulnerabilidad en todo el país.

El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, dijo el impacto y los números que comprueban la necesidad y el aumento de los casos en materia de pensiones alimentarias, así como los resultados positivos que las mismas personas usuarias señalan.

Los datos estadísticos demuestran que la materia de pensiones alimentarias se ha consolidado como la segunda con más asuntos ingresados, después de la materia penal. Esto ha representado un incremento significativo en el ingreso de asuntos, así, por ejemplo, durante el 2021 se registraron 26.577 casos y para el 2022 31.073, es decir 4.496 asuntos más.

Como parte de las políticas del modelo de Defensa Pública Abierta se adjuntan los datos estadísticos de las últimas plazas destacadas a la institución para la atención de poblaciones vulnerables en Costa Rica, así mismo un reportaje que evidencia el impacto obtenido en las comunidades.

Link de reportaje: https://youtu.be/Y8EoM5FMEbI

Defensa Pública realiza taller para fortalecimiento del servicio a las personas usuarias

Unidad de Pensiones Alimentarias

Defensa Pública realiza taller para fortalecimiento del servicio a las personas usuarias                                       

Analizar y revisar la forma en que se tramitan los expedientes, así como estandarizar algunos lineamientos y procedimientos, fue parte de los objetivos desarrollados en el taller realizado por la Unidad de Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública.

La reunión se realizó el pasado 03 de marzo y contó con la participación de personas defensoras públicas de todo el país en la materia de pensiones alimentarias, quienes enfatizaron en la importancia de realizar este tipo de encuentros con el fin de analizar el servicio y atención que se brinda a la población.

La inauguración del taller estuvo a cargo del Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo y de la Subdirectora Yendry Portuguez Pizarro, quienes manifestaron que estas reuniones generan intercambio de ideas y de experiencias que permiten fortalecer los servicios.                                                                                         

“Desde la Dirección de la Defensa Pública este tipo de espacios son muy importantes porque  promueven el diálogo, son participativos y nos permiten tomar acciones para mejorar en nuestro trabajo y sobre todo la atención que damos a las personas en situación de vulnerabilidad”, puntualizó Pérez Murillo.                                                                                                                                                  

Por su parte la Subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez Pizarro, destacó el esfuerzo, dedicación y compromiso que demuestran en sus trabajos las personas defensoras publicas en  la materia de pensiones alimentarias, y como esa atención y especialización, se refleja en la calidad del servicio.

Como parte de las mesas de trabajo, se abarcaron temas relacionados con la eliminación de la competencia territorial y la forma en que se llevan a cabo las entrevistas, entre otros.

El taller estuvo a cargo de la supervisora de pensiones alimentarias y familia de la Defensa Pública, Sandra Mora Venegas y de la coordinadora técnica de pensiones alimentarias Thais Sojo Villalobos.

                                                                                                        

Servicio de Defensa Pública en las PISAV

A diez años de la inauguración de la primera oficina de las Plataformas Integradas de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), la Defensa Pública continúa con su compromiso por resguardar los derechos de las personas que más lo necesitan.

 

La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) integra en un solo lugar  despachos como el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Fiscalía, Defensa Pública, Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Medicina Legal (actualmente solo en PISAV Pavas, La Unión y Siquirres), con la finalidad de que la persona víctima de violencia reciba una atención integral y no tenga que desplazarse a varios lugares para sus trámites, encontrando: atención, protección y seguimiento.

 

Están ubicadas en Pavas, La Unión, San Joaquín de Flores y Siquirres, donde además de la materia alimentaria, se atienden en materia de familia, aquellos casos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que cumplen con los presupuestos establecidos para brindar el servicio en la materia.

 

De enero a setiembre del 2022 se han atendido 1810 casos, los procesos más comunes son: divorcio, separación judicial, suspensión de la autoridad parental, modificación de guarda y crianza, nulidad de matrimonio, reconocimiento de unión de hecho, procesos especiales de filiación, autorización de salida del país y régimen de interrelación familiar. Esto según los registros estadísticos que lleva la institución.

 

Desde la Defensa Pública, la concentración de despachos, permite dar a la persona usuaria atención simplificada, eficiente, especializada y oportuna en procura de la tutela de sus derechos.

Estaciones virtuales son reflejo de nuevas formas de acceso a la justicia en Latinoamérica

Las estaciones virtuales promovidas por la Defensa Pública de Costa Rica fue uno de los proyectos destacados para impulsar nuevas formas de acceso a los servicios ante las distintas defensorías públicas de Latinoamérica.

Así lo destacó el coordinador general de las defensorías públicas de AIDEF y director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo en la Conferencia Internacional: El rol de la Defensa Pública en Latinoamérica, realizada el pasado 7 de marzo, una actividad organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.

"Las defensorías de América Latina y el Caribe se enfrentan al reto de buscar nuevas formas de acceso a la justicia que permita ir al ritmo de un mundo globalizado, ejemplo de esto, son iniciativas como la de Costa Rica, en el tema de las estaciones virtuales que facilitan brindar el servicio de defensa pública en lugares que por sus distancias no se llegaba anteriormente, lo que se traduce en ahorro de recursos no solo para las propias defensorías sino también para las personas usuarias, que en su mayoría se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad", resaltó Pérez Murillo.

También instó por nuevas formas de divulgar los servicios de las distintas defensorías públicas, que permitan llegar a nuevos lugares y poblaciones, destacando las páginas web, de forma tal que las personas usuarias puedan encontrar una guía clara de la forma de acceder a los servicios de las instituciones.

Otros aspectos mencionados fueron: la cooperación, el intercambio de experiencias las buenas prácticas y las Defensorías Públicas Abiertas, como un modelo que se desarrolla desde Costa Rica a partir de los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración.

Actualmente el principal objetivo de las Defensas Públicas en América Latina, es asegurar que las personas que recurren a ellas tengan acceso a la justicia no solo para su ingreso al sistema judicial, sino a lo largo de todo el proceso, con independencia de su condición socioeconómica, como una manera de garantizar el derecho de defensa, de acuerdo con el numeral 8.2 d) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Defensa Pública ejecutó acciones en pro de los derechos de las personas privadas de libertad

Con el proyecto denominado “Mejora integral en la prestación de los servicios que brinda la Defensa Pública a la población privada de la libertad sentenciada” la Defensa Pública logró atender 4.138 personas privadas de libertad en los meses de noviembre y diciembre del 2022.

Dicho proyecto fue autorizado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 92-2022 celebrada el 25 de octubre del 2022, por lo que se destinaron 10 plazas de persona defensora pública, que permitió el reforzamiento de las oficinas de Liberia, Alajuela, Limón, Pococí, Pérez Zeledón, Cartago y Puntarenas.  

Para la Dirección de la Defensa Pública, este proyecto fue fundamental para resguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios del país ante el aumento de la demanda en el servicio de ejecución de la pena que existen en todas las cárceles del país.

“La Defensa Pública, como institución garante de los derechos humanos de las personas en diversas condiciones de vulnerabilidad, generó este proyecto que favoreció la atención de una importante cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad, como resultado de ello, se atendieron múltiples consultas que derivaron en gestiones ante las autoridades administrativas y judiciales” puntualizó Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública.

Se presentaron 1.042 incidentes nuevos ante los diferentes juzgados de ejecución de la pena, vinculados con la libertad condicional, incidentes de queja por temas de salud y valoraciones en la ejecución de las sanciones que se encuentran en cumplimiento.

Así mismo, se realizaron 1.300 gestiones administrativas enviadas a los centros penitenciarios y 77 estudios de revisión de sentencia enviados a la Unidad de Impugnaciones de la Defensa Pública.

“Debemos tener en cuenta que esta población tiene como derecho fundamental ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral, destacando con estas atenciones el derecho al debido proceso legal y sus principios y garantías constitucionales, en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad” mencionó Cristín Scott Núñez, coordinadora técnica en materia de ejecución de la pena de la Defensa Pública.

 

Las personas defensoras públicas de la Unidad de Ejecución de la Pena, darán continuidad a las solicitudes presentadas en los distintos ámbitos con el fin de llevar una respuesta pronta las personas privadas de libertad y garantizar el respeto a sus derechos.

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